Las pesquisas sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han tomado un nuevo giro tras la conclusiva investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En su informe, los agentes aseguran que García Ortiz tuvo un papel central en la filtración de información relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este viernes, a las 10:30 horas, los peritos que elaboraron el mencionado informe comparecerán ante el Tribunal Supremo. Su testimonio es visto como fundamental para clarificar los hechos que motivaron la indagatoria sobre la conducta del fiscal general, en un caso que ha captado la atención mediática y política.

El informe de la UCO, presentado tras analizar el móvil de Pilar Rodríguez, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, surge de un registro efectuado en su despacho a finales de octubre por orden del juez Ángel Hurtado. Este documento es clave en la investigación que busca esclarecer la supuesta revelación de secretos y la relación de estos incidentes con la filtración de información sensible.

La decisión de citar a los agentes peritos fue tomada por la Sala de Apelación, que accedió a la solicitud de diligencias del fiscal general, quien argumentaba que era necesario escuchar a los autores del informe. Sin embargo, el juez Hurtado había rechazado anteriormente esta petición, indicando que no aportaría gran cosa al caso en cuestión, sugiriendo que las aclaraciones se realizarían en la fase del juicio oral.

Pese a esto, la apelación argumentó que el juez tiene la capacidad de solicitar aclaraciones a los peritos en cualquier etapa del proceso, lo que llevó a fijar la fecha para que los agentes expongan sus hallazgos. Este informe expone la cronología de las comunicaciones de Rodríguez con otros miembros de la Fiscalía, aportando un contexto crucial a la investigación.

Las conclusiones de la UCO son contundentes: la filtración sobre la investigación a González Amador se produjo en un entorno muy restringido dentro de la Fiscalía. Según el informe, solo un grupo reducido de personas tenía acceso a los correos involucrados y contaba con la información sobre el próximo comunicado que se iba a hacer pública.

Los agentes subrayan que la dirección de esta operación informativa recae directamente en García Ortiz, quien, según se indica, emitió órdenes claras sobre cómo reaccionar a los rumores de la prensa. Este nivel de control sugiere que la filtración fue orquestada desde dentro de la Fiscalía General del Estado.

De hecho, los mensajes intercambiados la noche de la controversia demuestran que Rodríguez consultó al fiscal general sobre cómo enviar correos relevantes. Esto genera aún más dudas sobre la transparencia de las acciones realizadas por estos altos funcionarios. La UCO señala que tanto la nota informativa de la Fiscalía como las denuncias sobre González Amador fueron desveladas a la prensa en un periodo extremadamente corto después de que la Fiscalía las recibiera.

La situación se complica aún más al revelarse que García Ortiz aparentemente borró información clave de su teléfono móvil antes de que se pudiera investigar, lo que ha llevado al juez a intentar recuperar datos a través de canales alternativos, resultando infructuosos. Este proceso ha puesto en evidencia serias preocupaciones sobre la integridad del manejo de información en la Fiscalía, lo que podría tener repercusiones graves para los involucrados.