En la jornada del 15 de enero en Madrid, Ana Botín, presidenta de la Fundación CYD y del Banco Santander, expresó la urgencia de potenciar tanto los recursos como la autonomía de las universidades españolas. Su objetivo es elevar el nivel de estas instituciones al de otros países europeos, donde la inversión en educación superior se encuentra significativamente más desarrollada.

Botín subrayó que actualmente, España destina apenas un 0,77% de su PIB a la educación universitaria, mientras que la media en Europa es del 1%. Esto implica que se están dejando de invertir cerca de 3.500 millones de euros anuales, un escaso recurso que podría marcar la diferencia fundamental en la calidad educativa y el desarrollo de las universidades en el país. Esta declaración tuvo lugar durante la presentación del Informe CYD 2024, donde reflexionó sobre la importancia de la financiación universitaria en un contexto global marcado por la relevancia del talento y el conocimiento.

Además, Botín enfatizó la necesidad de que las universidades españolas posean mayores niveles de autonomía y competencias propias. Expresó su descontento al situarse en la media baja en comparación con otras naciones europeas, ya que considera que el posicionamiento en lo que respecta a la educación y el conocimiento debe ser uno de los pilares para el avance social y cultural del país.

Para la presidenta de la Fundación CYD, una mayor autonomía permitiría que los recursos disponibles fueran utilizados de manera más efectiva para el beneficio de la sociedad. Destacó que algunas universidades españolas han logrado atraer talento, tanto de académicos como de estudiantes internacionales, mientras que otras todavía enfrentan dificultades en este ámbito. En el competitivo entorno actual, contar con una comunidad académica diversa y de prestigio se torna esencial.

Botín subrayó la importancia de la formación integral de los nuevos profesionales, señalando que además de habilidades básicas como leer, escribir y programar, es vital inculcar valores éticos y fomentar el trabajo en equipo. Estas competencias, según ella, serán fundamentales para afrontar los desafíos del futuro laboral y social.

Durante su intervención, Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, lamentó que a pesar de la reciente aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), los Consejos Sociales aún carecen de las capacidades necesarias para desempeñar eficazmente las competencias que la ley establece. La relación entre las universidades y el sector empresarial sigue siendo un desafío sin resolver, culminando en una clara advertencia sobre la distancia que aún persiste entre la realidad y lo que debería ser una relación productiva entre ambos sectores.

En el contexto del Informe CYD 2024, se establecieron siete prioridades estratégicas fundamentales para el futuro de las universidades en España, que incluyen el incremento de la inversión, la retención del talento, la mejora de la empleabilidad, y la garantía del acceso equitativo a la educación. Este informe busca diagnosticar las debilidades actuales y propone líneas de mejora destinadas a fortalecer el rol de las universidades en el desarrollo económico y social del país.

El incremento en la inversión en educación superior se presenta como una necesidad apremiante, con un llamado claro a establecer estrategias y prioridades definidas. Para Botín, el gran desafío de la financiación actual en el sistema educativo español radica en redirigir la inversión pública hacia objetivos estratégicos que fortalezcan la calidad y la relevancia del sistema universitario.

Las últimas estadísticas (2021) muestran que España destina un 1,43% de su PIB a la educación superior, ligeramente inferior al 1,48% de la OCDE. Un 67% del gasto en este ámbito proviene del sector público, que es un porcentaje considerablemente por debajo del 76% registrado en la UE. Además, la proporción del gasto público en educación superior respecto al gasto público total en España se sitúa en 2,19%, inferior a las medias de la UE y la OCDE que son de 2,44% y 2,72% respectivamente.

El informe también destaca la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D). A pesar de que en 2022 España vio un crecimiento del 12,05% en este sector, alcanzando 19.325 millones de euros en gran parte gracias a fondos europeos, la participación de las universidades en este gasto ha disminuido, abarcando solo un 26,5% del total.

En términos de atracción de talento y renovación generacional del personal docente e investigador, el informe menciona que la precariedad y el envejecimiento del personal complican este proceso. Aunque España tiene un alto potencial en producción científica, resaltando un número de publicaciones superior a la media global, se enfrenta al desafío de traducir esta producción en investigaciones que beneficien directamente a la sociedad y el ámbito productivo.

El estudio también expone que factores como el nivel de ingresos familiares, la educación de los padres y el lugar de residencia siguen influyendo en el acceso de los jóvenes a la universidad, perpetuando así las desigualdades sociales existentes. Es fundamental apostar por políticas inclusivas que garanticen el acceso equitativo a la educación superior.

Finalmente, el informe hace un llamado a acelerar la transformación digital en las universidades, señalando que estas instituciones deben hacer una transición estructural significativa. Este proceso implica no solo una modernización de los recursos tecnológicos, sino también una reconfiguración interna en términos de procesos, estructuras organizativas y, lo más crucial, un cambio cultural que permita a todos los miembros de la comunidad educativa adaptarse a los nuevos retos y oportunidades de un mundo digital.”