En un giro reciente en el caso de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, la defensa ha instado al juez Juan Carlos Peinado a archivar la causa que la involucra. Según su defensa, las acusaciones formuladas por Hazte Oír y otros actores populares están motivadas únicamente por intereses políticos y mediáticos, desviando así el enfoque de la justicia.

Este planteamiento se expone en un escrito que ha sido obtenido por Europa Press y que fue presentado ante el magistrado. En este documento, la defensa argumenta que durante la vista del lunes, se informó a los abogados de que, de avanzar a juicio, el caso sería llevado ante un jurado popular, compuesto por ciudadanos en lugar de un tribunal tradicional de jueces.

El abogado José María de Pablo, que representa a Álvarez, solicita de manera formal que se archive la causa relacionada con su clienta y que se desestime la transformación del procedimiento ante el tribunal del jurado. Además, pide que se condene a la acusación popular a cubrir los costes generados por el proceso que enfrentó la asesora.

En sus argumentos, el letrado afirma que la imputación que recae sobre su defendida se fundamenta en un interés claramente político y mediático. “No debería ser esta la dirección que tomen los procedimientos penales”, afirmó, poniendo de relieve lo que él considera un uso indebido del sistema judicial.

De Pablo califica la acción de la acusación popular de “temeraria y de mala fe”, indicando que se le atribuye a Álvarez un delito de tráfico de influencias sin proporcionar pruebas concretas de su participación en algún acto de presión moral dirigido a un funcionario. “Se le imputa un delito basado en hechos que no cumplen con los requisitos legales”, matizó el abogado.

Asimismo, cuestionó la imputación de apropiación indebida, argumentando que esta figura no era parte del mandato del juez, quien había enfocado la investigación en el tráfico de influencias y corrupción en los negocios. De Pablo enfatizó que la Audiencia Provincial de Madrid había limitado la pesquisa a este tipo específico de delito, dejando fuera el cargo de apropiación indebida.

La defensa recalca que no hay indicios concretos que sugieran la implicación de Álvarez en una conducta delictiva asociada al tráfico de influencias. “No existe evidencia en los registros que apunte a que Álvarez haya ejercido una presión moral efectiva sobre algún funcionario”, concluyó, insistiendo en que el caso debe ser revisado con rigor y sin la influencia de agendas externas.