La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha revelado que se encuentra investigando un posible desvío de fondos públicos en lo que respecta a la financiación singular en Cataluña. Este anuncio fue hecho en el marco del XXXV Congreso de la IHE, que tiene lugar en Salamanca, donde se mencionó la posibilidad de tomar acciones legales debido a la supuesta malversación.

Durante su intervención, Ana de la Herrán, presidenta de la asociación, expuso que "se está produciendo un gasto del dinero público en un proyecto que aún no se ha materializado en forma de ley", lo que plantea serias dudas sobre la correcta gestión de estos recursos.

La asociación ha estado trabajando con su equipo legal para determinar si efectivamente se está cometiendo una desviación de fondos y ha hecho hincapié en que, con la financiación singular, se está abordando el asunto "por la vía equivocada", dado que no se han implementado las modificaciones legales necesarias para respaldar dicha financiación.

“Esto no se está llevando a cabo porque son conscientes de que no tienen el apoyo necesario, ya que se requiere consenso que no tienen”, añadió De la Herrán, subrayando las limitaciones políticas en torno a la iniciativa.

Hasta el momento, se han establecido un Consejo Asesor y un Comisionado, además de que se han iniciado las modificaciones legales pertinentes para adaptar la agencia a lo que se denomina la singularidad fiscal. Sin embargo, la presidenta puntualizó que "se están utilizando fondos públicos para costear estas estructuras que aún carecen de un marco normativo claro".

Los inspectores han manifestado su preocupación, ya que consideran que la financiación singular de Cataluña no está contemplada en la Constitución, lo que va en contra de principios fundamentales. A su juicio, el acuerdo actual responde más a una presión política por parte de los independentistas catalanes que a razones de mérito económico.

Este colectivo ha alertado sobre los peligros de una modificación del sistema de financiación que se esté implementando "sin el debido proceso legislativo", lo que podría llevar a situaciones que violen el principio de igualdad entre las comunidades autónomas y potencialmente fracturar la estructura de la Agencia Tributaria española.

La fragmentación en las competencias tributarias podría generar complicaciones en la lucha contra el fraude fiscal, especialmente en la detección de actividades delictivas relacionadas con el IVA y el fraude organizado, además de afectar la capacidad de control sobre grandes empresas y patrimonios a nivel internacional.

Asimismo, la prestación de servicios no tributarios, como las devoluciones del IRPF, podría verse perjudicada, afectando a los ciudadanos que residen en Cataluña y deteriorando la calidad del servicio de la Agencia Tributaria.

José María Peláez, portavoz de la asociación, advirtió en una reciente rueda de prensa que el sistema tributario enfrenta un grave riesgo, al estar "colocando cargas de dinamita en los pilares fundamentales" de su funcionamiento.

Por último, De la Herrán expresó su preocupación por el ambiente laboral de los empleados de la Agencia Tributaria en Cataluña, quienes sienten inseguridad ante la situación actual. "Son profesionales que han llegado a su puesto tras pasar una oposición y merecen tranquilidad, pero se enfrentan a problemas innecesarios creados por la voluntad de unos pocos", concluyó.