La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado claro que su gobierno no permitirá la creación de un registro de objetores al aborto, argumentando que esta medida pondría en riesgo importantes preceptos constitucionales. Durante una sesión de control en la Asamblea, Ayuso advirtió que se podrían ver comprometidos artículos fundamentales de la Constitución Española y negó rotundamente la posibilidad de elaborar una “lista negra” de médicos que se nieguen a practicar abortos.

La mandataria autonómica dirigió sus comentarios a Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, quien había demandado que el gobierno regional cumpliera con la legislación vigente respecto a la objeción de conciencia y facilitara el listado de objetores, tal como lo hizo la ministra de Sanidad, Mónica García. Ayuso argumentó que el registro de objetores podría afectar principios como la libertad ideológica y el derecho a la vida, además de invocar fallos judiciales apoyados por el propio Tribunal Constitucional.

Además, la presidenta se refirió a varios documentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que defienden la libertad de pensamiento y la conciencia. Resaltó también la existencia de normas éticas en la práctica médica que permiten a los médicos negarse a realizar abortos por razones personales.

Con un tono crítico, Ayuso mencionó incluso creencias religiosas, ironizando al señalar que otros grupos, como el Hamas, tienen posturas firmes sobre el aborto. Pese a las presiones, reafirmó que la Comunidad de Madrid no obligaría a los médicos a actuar en contra de sus convicciones ni a crear un registro que los señalara por su postura frente al aborto.

Según la presidenta, cada año se practican alrededor de 106,000 abortos en España, lo que en una década suma cerca de un millón. Esta cifra la consideró un reflejo del fracaso social, sugiriendo que muchas de esas situaciones podrían evitarse. "¿Le parece poco? ¿Quieren más? A mí me parece un fracaso como sociedad", subrayó, reiterando su compromiso de no señalar a quienes decidan abortar ni a quienes elijan no hacerlo.

BERGEROT EXIGE TRANSPARENCIA

Por su parte, Manuela Bergerot no se quedó callada y exigió a Ayuso que cumpla con la legalidad y proporcione el registro de objetores al aborto. Accusó a la presidenta de atreverme a cuestionar el derecho al aborto, recordando que su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, enfrentó la contundente oposición del movimiento feminista por intentar restringir estos derechos.

Bergerot concluyó enfatizando que, independientemente de la postura de la derecha política, los abortos seguirán ocurriendo. Cuestionó la falta de compromiso del Partido Popular con la vida y la seguridad de las mujeres, instando a que lo primordial sería garantizar un acceso seguro y gratuito al aborto, en lugar de obstruir derechos fundamentales.