Este martes, el Congreso de los Diputados entra en una fase crucial al debatir una propuesta significativa relacionada con el turismo y el alquiler, justo en un momento en que el PSOE ha decidido pausar la tramitación de la controvertida ley de alquileres de temporada.

El portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, ha instado al Gobierno a dar su respaldo a una iniciativa legislativa que busca prohibir a las plataformas online la promoción y alquiler de propiedades turísticas que carezcan del número de registro o licencia correspondientes. Esta norma será objeto de votación en la sesión plenaria programada para el martes.

Esa propuesta surge como respuesta a lo que Matute denomina un "fenómeno incontrolado" de alojamientos turísticos que, según sostiene, ha exacerbado la gentrificación en diversas áreas urbanas, provocando así la expulsión de vecindarios y un incremento del turismo masivo.

EH Bildu ha señalado que los recursos de los municipios y comunidades autónomas para hacer frente a la regularización de estos apartamentos ilegales son limitados. En muchos casos, la falta de capacidad administrativa se ha visto agraviada por una permisividad que ha permitido que muchos propietarios continúen operando al margen de la ley.

La formación abertzale ha propuesto la implementación de un régimen de multas que podría alcanzar hasta un millón de euros para aquellos que contraten propiedades turísticas sin la debida licencia o número de registro. Además, se incluirá responsabilidad legal para las plataformas que faciliten dichas contrataciones.

Matute ha manifestado la urgencia de abordar la problemática de los alojamientos ilegales en las plataformas digitales, argumentando que es preciso asegurar que quienes operan en este sector lo hagan conforme a la legalidad, cumpliendo con permisos y garantizando la calidad del servicio que ofrecen.

El político ha instado al Gobierno a adelantarse al problema y prohibir que se publiciten este tipo de alojamientos ilegales. "Estamos convencidos de que el Gobierno debe actuar proactivamente en lugar de reaccionar ante la situación", ha añadido.

En cuanto a las negociaciones con otros grupos parlamentarios para ganar su apoyo en esta iniciativa legal, Matute se mostró optimista al mencionar que ha encontrado una "disposición" favorable entre varias formaciones, apuntando que este tema no debería estar sujeto a divisiones ideológicas.

Sin embargo, Matute también ha subrayado que el proceso legislativo puede verse influenciado por intereses ajenos a lo que realmente se discute en el Pleno, lo que dificulta la agilidad en la tramitación de la propuesta. Desde el PSOE, fuentes cercanas han declarado que aún no se ha tomado una decisión firme respecto a cómo votarán.

El próximo martes, sólo se procederá a la admisión a trámite de esta ley en el Congreso. Si es aprobada, se abrirá un periodo para que los diferentes grupos presenten enmiendas al texto, lo que podría demorar el proceso legislativo varias semanas, según las prioridades de la Mesa del Congreso, que cuenta con una mayoría condicionada por el PSOE y Sumar.

La última iniciativa legislativa en el ámbito de la vivienda debatida en el Pleno fue una propuesta de ERC, BNG, Bildu, Podemos y Sumar, que buscaba regular los alquileres de temporada. Esta norma recibió luz verde en diciembre, pero desde entonces ha estado estancada en la Comisión de Vivienda, lo que ha suscitado el malestar de varios socios del Gobierno.

Matute ha expresado su desconcierto sobre la falta de avances en la regulación de los alquileres de temporada, los cuales considera una respuesta inadecuada a las carencias de la Ley de Vivienda aprobada en 2023. Considera crucial que estos alquileres estén sujetos a límites en los precios, argumentando que incluso con topes, los arrendadores podrían seguir beneficiándose de forma justa.

En medio de esta situación, Esquerra Republicana defenderá el martes una proposición no de ley que contempla una serie de medidas para abordar la crisis de la vivienda. Esto incluye la creación de un nuevo impuesto para quienes posean más de tres propiedades.

En su propuesta, ERC también solicita al Gobierno un impulso en la agenda legislativa relacionada con la vivienda, que busque penalizar la compra especulativa, regular de manera efectiva los alquileres de temporada y asegurar los recursos necesarios para alcanzar los estándares europeos de vivienda protegida en un plazo de tres años.

Adicionalmente, entre las propuestas de ERC se encuentran la aplicación de un IVA del 21% para alojamientos turísticos y ajustes en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que permitan a los municipios establecer recargos para grandes propietarios y viviendas turístico.

La iniciativa incluye también la eliminación de los "privilegios fiscales" de las Socimis y la extensión de topes de alquiler en todas las áreas de mercado tensionadas en España, mientras se respalda la transferencia de viviendas de Sareb y Sepes a las comunidades autónomas para facilitar un aumento en la oferta de vivienda protegida.