La Comisión Europea ha decidido otorgar a España una extensión de seis semanas para responder al expediente de infracción que se inició en julio, relacionado con los amplios poderes que ciertas leyes españolas confieren al Gobierno para bloquear operaciones como la oferta de adquisición de BBVA a Sabadell.

Fuentes cercanas a la situación han confirmado a Europa Press que esta resolución se produce en respuesta a la solicitud realizada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que buscaba más tiempo para abordar las preocupaciones planteadas por Bruselas.

Las inquietudes del Ejecutivo comunitario abarcan desde la necesidad de realizar modificaciones significativas en la transposición de dos normativas europeas hasta cuestionamientos sobre si la intervención del Gobierno en la operación se fundamenta en una justificación sólida de interés general.

Además, Bruselas ha manifestado que en el ámbito bancario, la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no debería ser elevada al Consejo de Ministros. Sin embargo, el desarrollo de esta situación no tendrá repercusiones inmediatas sobre la operación de BBVA en Sabadell, ya que la verdadera preocupación de la Comisión radica en la discrepancia entre la legislación española y las normas de la Unión Europea.

En julio, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa afirmó su disposición a colaborar de manera constructiva para resolver "cualquier discrepancia legal o técnica" que pudiera surgir en este contexto.

Desde la óptica del Ministerio, las normativas en cuestión, que han suscitado las críticas de Bruselas, llevan años en vigor y han sido aplicadas en múltiples ocasiones. La ley de Defensa de la Competencia data de 2007, mientras que la ley de Solvencia de las Entidades de Crédito fue promulgada en 2014.