El pasado 17 de septiembre, Madrid ha sido el escenario de una nueva solicitación del Gobierno español a la Comisión Europea, pidiendo una extensión para enviar la información requerida en relación con un expediente de infracción. Este caso se originó en julio, a raíz de las amplias facultades que diversas normativas otorgaron al Ejecutivo para intervenir en operaciones significativas, como la reciente OPA de BBVA sobre Sabadell.

Fuentes del Ministerio de Economía han confirmado a Europa Press que la administración busca más tiempo para cumplir con el requerimiento de la Comisión, y esperan una respuesta por parte de Bruselas en los próximos días. Se estima que el plazo adicional podría extenderse hasta unas seis semanas.

El pedido de prórroga llega en el último momento, justo antes de que fuera inminente el vencimiento del plazo original que, según ha informado el diario 'elEconomista', culminaba esta semana.

Las inquietudes de los funcionarios comunitarios abarcan desde la necesidad de una revisión exhaustiva en la transposición de dos leyes europeas hasta cuestionamientos sobre si la intervención gubernamental en esta operación se justifica realmente como un interés general legítimo.

Además, Bruselas ha expresado su postura de que, en cuestiones bancarias, no debería elevarse la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros. No obstante, este proceso no tendrá implicaciones directas sobre la mencionada operación de BBVA y Sabadell, ya que lo que preocupa a la Comisión es la falta de alineación de la legislación española con el marco normativo de la UE.

De hecho, en julio, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ya había manifestado su disposición a colaborar de manera constructiva para resolver "cualquier discrepancia jurídica o técnica" que pudiera existir.

La posición del Ministerio subraya que las normativas cuestionadas por Bruselas han estado vigentes durante varios años y han sido aplicadas en múltiples ocasiones. La Ley de Defensa de la Competencia data de 2007, mientras que la Ley de Solvencia de las Entidades de Crédito fue promulgada en 2014.