El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, describe la acción de varias empresas españolas que han decidido poner fin a sus operaciones en los territorios palestinos ocupados por Israel como un “modelo a seguir”. Hoy, tiene planeado enviar una carta a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, instándolo a que la organización empresarial se involucre en esta causa y promueva que más empresas sigan el mismo camino.

Bustinduy detalló que alrededor de un año atrás había enviado una comunicación a diversas firmas españolas, recordándoles la ilegalidad de sus actividades en las zonas de ocupación. A pesar de la controversia inicial, varias compañías optaron por suspender sus operaciones allí, lo que el ministro celebró como un avance importante, aunque reconoció que aún quedan empresas operando en esos territorios.

En una entrevista realizada por Radio Euskadi y rescatada por Europa Press, el ministro manifestó su profunda preocupación por la situación de los activistas que se desplazaron para participar en la Marcha Mundial a Gaza. Agradeció a los movimientos de activismo global que están haciendo lo que muchas naciones no han logrado: aumentar la presión política y económica sobre Israel para poner fin a lo que calificó como un genocidio intolerable.

Bustinduy subrayó que es responsabilidad de todos los actores—políticos, sociales y económicos—actuar decididamente para poner fin a la ocupación y la violencia que enfrenta la población palestina, una situación que podría tener repercusiones durante generaciones. Remarcó la importancia de cualquier esfuerzo que busque incrementar la presión sobre el régimen de ocupación.

El ministro también recordó que la Corte Internacional de Justicia emitió recientemente una resolución instando a los estados a actuar en contra de la ocupación ilegal de Palestina, subrayando la responsabilidad de las empresas para asegurarse de que sus actividades no contribuyan a este conflicto.

Según Bustinduy, su carta a Garamendi también abordará la necesidad de que la CEOE se sume a este esfuerzo, subrayando que espera una respuesta colaborativa, ya que considera que es deber de la patronal promover el respeto a los derechos humanos y las obligaciones internacionales por parte de las empresas españolas.

En línea con esto, mencionó que su ministerio ha tomado medidas para asegurar que los productos provenientes de territorios ocupados sean etiquetados correctamente, cumpliendo así no solo con el derecho internacional, sino también con la normativa de la Unión Europea. De esta manera, los consumidores podrán tomar decisiones informadas que no contribuyan a la ocupación.

Bustinduy también recordó su exhortación a las empresas para que eviten involucrarse en prácticas que vulneren los derechos humanos en los territorios palestinos, en cumplimiento con el derecho internacional. En octubre pasado, su ministerio publicó directrices sobre la correcta etiqueta de productos que provienen de asentamientos israelíes, en respuesta a un dictamen de la Comisión Europea.

Por otro lado, desde su posición en el Consejo de Ministros, Bustinduy ha realizado gestiones para cancelar contratos con empresas de la industria armamentista israelí, abogando para que se termine con las licitaciones relacionadas con la tecnología militar que abastece a las Fuerzas Armadas.

En cuanto a la coalición Sumar, de la que forma parte Bustinduy, han presentado una proposición de ley con el objetivo de prohibir cualquier colaboración con estados que ocupen territorios ilegalmente, como es el caso de Israel y Marruecos. Esta iniciativa busca evitar que las empresas españolas participen en actividades que sustenten el mantenimiento de asentamientos ilegales, los cuales son considerados una forma de apartheid que afecta a millones de personas, especialmente en Gaza y Cisjordania.