LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 de septiembre. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su preocupación ante la proyección de que el archipiélago recibirá alrededor de 20.000 migrantes para finales del año en curso. En consecuencia, ha solicitado al Gobierno central que asuma su responsabilidad respecto a la atención de los menores extranjeros no acompañados que buscan asilo, para que puedan ser tratados "con dignidad" a medida que continúan llegando a las islas.

Clavijo ha reconocido que es un reto prever la cantidad exacta de migrantes que arribarán a Canarias en los próximos meses. Si bien las organizaciones no gubernamentales brindan estimaciones, muchas personas no alcanzan las costas canarias, lo que complica aún más la situación. Durante su participación en un foro organizado por El Mundo, subrayó que, aunque el Gobierno de España resalta la notable disminución en las llegadas, el hecho de que en el año anterior se registraran más de 47.000 migrantes evidencia que la realidad es más compleja.

Hasta la fecha, se ha contabilizado la llegada de aproximadamente 13.000 migrantes a las costas canarias. Sin embargo, las proyecciones apuntan a que cerca de 20.000 podrían llegar para finales de año, implicando que en los próximos dos a tres meses se espera la llegada de unos 7.000 nuevos migrantes. Esta situación, según el presidente canario, ejercerá una presión considerable sobre los servicios públicos, incluidos los de seguridad, sociales, sanitarios y educativos, lo que resalta la urgencia de que el Gobierno central asuma su responsabilidad en la atención a los menores refugiados.

Por otro lado, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, ha pedido que se implemente Frontex en la región con la misma capacidad que en otras costas de Europa. Domínguez argumenta que es crucial para proporcionar "seguridad" no solo a Canarias, sino también para el conjunto de España y la Unión Europea.

En relación con los menores solicitantes de asilo que aún se encuentran en las islas, Clavijo opinó que el Gobierno de España no ha mostrado la voluntad de trasladarlos, a pesar de afirmaciones del ministro Ángel Víctor Torres, quien sugirió que el Tribunal Supremo no exige la salida de estos menores de Canarias. Clavijo considera que el uso del fenómeno migratorio por parte del Gobierno central contribuye a crear tensión política, citando el hecho de que la protección internacional es una competencia exclusivamente estatal, y que esta situación puede causar un daño irreparable a la infancia debido al hacinamiento.

Domínguez también destacó la relevancia de la acogida de menores extranjeros por parte de las comunidades autónomas tras la reforma de la Ley de Extranjería. A pesar de que las comunidades gobernadas por el PP han manifestado su intención de acatar la ley, también han expresado su descontento al respecto. Sin embargo, el vicepresidente opina que el Gobierno central parece esperar hasta que estos menores cumplan 18 años, momento en el cual ya no estarán obligados a ser atendidos como menores.

Por último, Domínguez subrayó que la financiación para la atención de los menores es un aspecto crítico para las comunidades autónomas. Aunque existe un decreto que obliga a atender a los menores no acompañados, carece del soporte financiero necesario para su implementación. Canarias ha invertido 192 millones de euros en 2024, pero solo ha recibido 50 millones, por lo cual la incertidumbre sobre el cumplimiento del Estado respecto a esta financiación es un tema preocupante para el archipiélago.