En una reciente entrevista, el presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Josep Escandell, ha denunciado lo que considera un abuso por parte del Gobierno al plantear la redistribución de los 20 millones de euros destinados a indemnizaciones por daños ocasionados por lobos a los ganaderos. Según Escandell, estos fondos podrían ser desviados hacia otros proyectos en las comunidades autónomas con poblaciones de lobo, lo que él califica como un "chantaje" inaceptable para los afectados.

El dirigente ha expresado su indignación al considerar que, más allá de afectar la operativa de las comunidades autónomas, esta medida impactaría directamente a los ganaderos, quienes son los principales damnificados por la situación actual relacionada con la gestión del lobo en el país. Escandell critica que el planteamiento gubernamental parece castigar a los ganaderos por su relación con el control de la fauna.

Escandell argumenta que cualquier estrategia de gestión debe involucrar activamente a las personas que habitan y trabajan en el territorio. En este contexto, ha recordado ejemplos de iniciativas exitosas, como los esfuerzos de conservación del lince ibérico y el oso, donde la comunidad se sintió parte del proceso y apoyó las políticas implementadas. Sin embargo, la situación con el lobo ha desembocado en un enfrentamiento entre los diferentes agentes involucrados, generando tensiones que complican las políticas de manejo de la especie.

Aparte, el presidente de la RFEC ha manifestado su preocupación ante la falta de participación de su organización en los resultados del censo de lobos, cuyo informe debería ser entregado en menos de un mes. Escandell ha hecho hincapié en la importancia de informar sobre el estado de las poblaciones, especialmente dado que los datos oficiales apuntan a un aumento del 12%, un hecho que podría influir negativamente en la implementación de medidas acordadas a nivel europeo para la gestión de la especie.

El líder de la RFEC ha señalado que se encuentran a la espera de informes cruciales sobre la aplicación de normativas relacionadas con la conservación de hábitats y aves, que deben ser enviados a la Unión Europea. A pesar de reconocer que el sector cinegético no es el más afectado directamente por los lobos, ha reafirmado su compromiso con las necesidades del sector primario y su derecho a mantener sus actividades económicas.

Escandell ha abogado por un equilibrio en la gestión del lobo, sugiriendo que se necesitan herramientas adecuadas que permitan un manejo efectivo de las poblaciones sin convertirse en un impedimento legal que constriña la acción. También expresó su acuerdo con los planes de control de la especie que proponen las comunidades autónomas.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se ha confirmado que, aunque se seguirán considerando los 20 millones de euros anteriormente dedicados a indemnizaciones, los fondos serán dirigidos hacia otros fines, como proyectos de conservación de biodiversidad en las comunidades afectadas.

Escandell también tuvo palabras sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, que busca cuestionar una ley que reduce la protección especial del lobo. A su juicio, esta acción podría ser improcedente, al considerar que prioriza al lobo por encima de los derechos de los ganaderos y su actividad económica. “Parece que se protege más al lobo que a los ciudadanos que dependen de la ganadería”, argumentó.

Finalmente, el presidente de la RFEC subrayó que hay que prestar especial atención a las notificaciones relacionadas con la caza de aves en los informes que se remitirán a Bruselas. Ha criticado que, en informes previos, se haya categorizar la caza como una amenaza en numerosas ocasiones, afectando negativamente la imagen del sector cinegético. Aboga por un enfoque más justo en futuros informes y espera que sus sugerencias sean tenidas en cuenta por el MITECO.