MADRID, 8 de octubre.

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha decidido presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo en un intento de que se revise la actuación del instructor del conocido como "caso Koldo", el magistrado Leopoldo Puente. Cerdán argumenta que el juez presenta un "sesgo ineludible" y pone en duda la capacitación de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboran los informes en esta investigación.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Cerdán se dirige a la Sala de Apelación del Supremo tras la decisión de Puente de negarse a admitir nuevas diligencias. Estas incluyen la incorporación de documentos relacionados con otras investigaciones en curso, como el "caso Hidrocarburos", y notificar al Congreso sobre el levantamiento de la inmunidad de ciertos aforados que el tribunal estaría indagando, así como desafiar la validez de los audios vinculados al exasesor Koldo García.

Los abogados del exdirigente del PSOE sostienen que se ha indagado a aforados, entre ellos un ex alto cargo del partido, sin solicitar el suplicatorio necesario. Describen como "clamoroso" que la Guardia Civil esté a punto de entregar un nuevo informe sobre otros aforados, lo que consideran una acción ilícita que podría tener repercusiones legales serias.

Además, subrayan la percepción de "sesgo ineludible" en las actuaciones de la investigación, lo cual podría comprometer la objetividad del proceso.

Según la defensa, la investigación en el Supremo se originó a partir de las declaraciones de Víctor de Aldama, un empresario implicado en la trama, durante su declaración en la Audiencia Nacional. Por esta razón, insisten en la necesidad de incluir todas las actuaciones previas vinculadas al "caso Koldo" y al "caso Hidrocarburos" en el proceso del Supremo.

"Buscamos un acceso a la causa madre que permita determinar si se llevaron a cabo las comprobaciones necesarias, así como conocer la resolución que habilitó dichas actuaciones", explican los letrados de Cerdán.

Además, advierten que si no se encuentra respaldo en aquellas primeras investigaciones, las consecuencias procesales podrían ser graves, incluso conduciendo a la nulidad de las actuaciones.

La defensa, a cargo de los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, resalta que la rapidez en un procedimiento judicial no garantiza justicia. Citando ejemplos históricos de celeridad judicial sin garantías, como en tiempos de dictadura, enfatizan que los procesos que renuncian a los derechos fundamentales a cambio de rapidez son inaceptables.

Por otro lado, cuestionan la formación de los agentes de la Guardia Civil que firman los informes, sugiriendo que carecen de la capacitación adecuada en campos como la economía o la contabilidad, y argumentan que sus opiniones no deberían reemplazar la función judicial que les es propia por ley.

Por último, la defensa plantea la posibilidad de que Koldo García sea un agente encubierto y sugiere que el uso del software espía Pegasus podría haber afectado a las grabaciones que vinculan a Cerdán con irregularidades. Esta situación ha llevado a su prisión provisional desde el 30 de junio.

En este contexto, la defensa también ha solicitado que Rubén Villalba, un guardia civil involucrado en el "caso Koldo" y que supuestamente facilitó dispositivos para asegurar las comunicaciones del grupo investigado, así como su superior, sean llamados a declarar como testigos ante el Tribunal Supremo.

Finalmente, piden que se investigue un grupo de chat denominado "K-fontanería", que sugiere la existencia de maniobras ilícitas en torno a las indagaciones sobre Koldo, y que dicho término deja entrever la naturaleza de las operaciones llevadas a cabo por los miembros de este grupo.