MADRID, 19 de agosto.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elevado una queja formal al Defensor del Pueblo ante la notable tardanza del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en la evaluación del nuevo baremo para la valoración del grado de discapacidad, decreto que fue aprobado el 18 de octubre del año pasado.

En su comunicación, el CERMI ha subrayado que este marco normativo incluye en su disposición adicional quinta una clara directriz, que establece que "una vez transcurrido el primer año tras la implementación del baremo, el Imserso debe llevar a cabo una evaluación del mismo y sugerir las modificaciones que considere necesarias".

De acuerdo con el CERMI, este periodo de un año finalizó en abril de 2024, lo que significa que la evaluación que debería haberse realizado según el decreto ya acumula una demora de cerca de un año y medio. Por ello, la organización ha instado al Defensor del Pueblo a investigar este incumplimiento.

La evaluación de la norma aprobada el 18 de octubre es crucial, explica CERMI, para comprender la efectividad del nuevo baremo y verificar si realmente ha cumplido con los objetivos que motivaron su creación. Además, insisten en que, a partir de los datos recopilados, será posible implementar correcciones o mejoras en los aspectos que no hayan demostrado ser eficaces.