El Congreso de los Diputados ha tomado la decisión de reprobar a Ana Redondo, ministra de Igualdad, en relación a su manejo de las pulseras telemáticas diseñadas para evitar el maltrato. Esta resolución fue aprobada con el apoyo de 170 votos provenientes de PP, Vox y UPN, mientras que 162 diputados del PSOE y sus aliados se manifestaron en contra, y 16 optaron por la abstención, en su mayoría de ERC y Junts.

Patricia Rodríguez, diputada del PP, defendió la moción argumentando una profunda indignación por los fallos en el sistema de las pulseras, lo que llevó a reclamar la dimisión inmediata de Redondo. Según ella, el PSOE está fallando en sus promesas feministas, tildando su postura de hipocresía y afirmando que muchos ya no creen en su discurso sobre la igualdad.

La diputada del PP también cuestionó la postura abolicionista de Redondo, sugiriendo que no se puede ser verdaderamente abolicionista mientras se ignoran los problemas derivados del consumo de prostitución por parte de los miembros del propio partido. Patricia Rodríguez acusó al presidente Pedro Sánchez de ser el principal responsable de las fallas en la gestión de la violencia de género durante sus siete años en el poder, subrayando la falta de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno.

Rodríguez también expresó su frustración al recordar que, a pesar de ser conscientes de los problemas dentro del sistema Cometa, en diversas comparecencias se nos aseguraba que todo funcionaba correctamente. En respuesta a esto, la diputada socialista Trinidad Carmen Argota llamó a la oposición a que dejen de hacer uso del miedo de las víctimas en su discurso político, acusándolos de irresponsabilidad.

Desde su perspectiva, Argota afirmó que las víctimas han estado protegidas y desmintió acusaciones sobre la compra de dispositivos en plataformas como Aliexpress o la vinculación con empresas extranjeras. En línea con esta defensa, Esther Gil de Reboleño de Sumar exigió respuestas y soluciones inmediatas para las deficiencias en el sistema, abogando por un modelo completamente público y transparente para la gestión de estas situaciones de violencia.

La diputada Agueda Micó, de Compromís, cuestionó a los 'populares' sobre su postura ante la posible imputación de Mazón, sugiriendo que deberían ser coherentes con sus exigencias de dignidad. Por otro lado, Rocío Aguirre, de Vox, propuso la derogación de las leyes vigentes en materia de violencia de género y sugirió alternativas como endurecer las sanciones a los agresores y eliminar el Ministerio de Igualdad, señalando al Gobierno como una “banda de malhechores” más preocupados por intereses políticos que por la seguridad de las mujeres.

Alberto Catalán de UPN instó a la ministra Redondo a renunciar, criticando la falta de transparencia en la gestión de la información relacionada con las pulseras. Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, refutó la moción del PP, declarándose en contra del uso de la tragedia ajena para hacer política, si bien denunció también la evasión de responsabilidades del Ejecutivo.

Pilar Calvo de Junts cuestionó la campaña de comunicación del Ministerio sobre masculinidades, sugiriendo que la verdadera valentía radica en ser transparente, especialmente en momentos críticos como el que se está enfrentando con las pulseras telemáticas. Finalmente, Pilar Vallugera de ERC criticó que la comparecencia para abordar estos problemas se realizara por una delegada y no por la propia ministra, subrayando que es fundamental que el Gobierno actúe con mayor responsabilidad ante estas situaciones.