En el corazón de Madrid, el debate sobre la vivienda ha resurgido como un punto crítico de desacuerdo entre el PSOE y Sumar. Este tema ha sido una constante fuente de tensión en la relación entre estas fuerzas políticas a lo largo de toda la legislatura, complicando la dinámica del bloque que sostiene al Gobierno.

El martes pasado, la tensión se agudizó cuando Sumar lanzó duras críticas contra la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Este ataque se centró en su reciente anuncio sobre un nuevo número telefónico, el 047, destinado a consultas ciudadanas, y un anuncio en redes sociales que fue mal recibido por varios grupos de izquierda, que vieron en ello una falta de compromiso real con los problemas habitacionales.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, no dudó en expresar el descontento de su formación, advirtiendo que la paciencia se estaba agotando respecto a Rodríguez. Aunque negó que estuviera pidiendo su dimisión, sus palabras resonaron como un claro llamado a la acción frente a lo que consideran una falta de audacia en las políticas de vivienda.

La respuesta del PSOE fue firme, defendiendo su gestión y calificando los comentarios de Sumar como un error. Rodríguez, por su parte, sugirió que las críticas eran más un intento de atraer atención que un argumento legítimo. Sin embargo, la controversia ha logrado enfriarse, al menos temporalmente, gracias a la intervención de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien subrayó que la importancia reside en las políticas, más que en los individuos que las implementan.

Díaz también enfatizó su deseo de negociar nuevas medidas con el PSOE, confiando en que las propuestas de Sumar, presentadas en forma de decreto, sean vistas como de sentido común y finalmente aceptadas. Dentro de Sumar existe la esperanza de que, aprovechando las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, se pueda alcanzar un consenso sobre un nuevo paquete de medidas en materia de vivienda.

Las propuestas urgentes incluyen congelar los alquileres, prohibir la compra especulativa de viviendas y aumentar la carga fiscal para propietarios con múltiples inmuebles. Desde Sumar se argumenta que el Gobierno debe dejar de temer las reformas necesarias y trabajar en ellas para luego buscar el respaldo parlamentario necesario para su aprobación.

En un ámbito más amplio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha aprovechado el contexto europeo para proponer un fondo específico destinado a la construcción de vivienda protegida y para regular los precios en áreas de alta tensión inmobiliaria. Sin embargo, esta propuesta no ha ganado el respaldo unánime de sus aliados.

El portavoz de Sumar en la Comisión de Vivienda del Congreso, Alberto Ibáñez, criticó a Rodríguez por la baja ejecución presupuestaria en sus iniciativas, exigiendo que se tomen medidas más efectivas para evitar el monopolio en el sector de la vivienda. Según Ibáñez, la ejecución en 2024 ha sido alarmantemente baja, lo que pone de manifiesto la ineficacia en la gestión del Ministerio.

El diputado subrayó la necesidad urgente de que Sánchez intervenga para mejorar la situación en el Ministerio de Vivienda, sugiriendo que los resultados actuales son inaceptables, especialmente dada la crisis habitacional que vive el país.

Las diferencias entre Sumar y el PSOE no son un fenómeno nuevo, ya que se han mantenido como un hilo constante a lo largo de la legislatura. Las críticas hacia Rodríguez se han intensificado, convirtiéndose en un tema recurrente entre los parlamentarios de Sumar, quienes consideran que el enfoque actual no está a la altura de las necesidades del mercado inmobiliario.

Además de Sumar, otras formaciones como ERC y Bildu también han expresado su preocupación respecto a la gestión del PSOE, advirtiendo que la crisis de vivienda podría generar inestabilidad en el Gobierno si no se implementan medidas efectivas. En ese sentido, Podemos ha sido particularmente incisivo, considerando algunas de las iniciativas del Gobierno como meras tácticas para disimular una falta de acción real.

La presión de Podemos ha llevado a la formación a vincular su apoyo a los presupuestos de 2026 a importantes reformas en vivienda, tales como la reducción del alquiler en un 40% y la prohibición de la compraventa especulativa. Recientemente, acusaron al PSOE de aliarse con fuerzas de la oposición para bloquear propuestas que buscaban abordar de manera efectiva los problemas de vivienda en el país.