El 22 de mayo en Madrid, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) convocó una manifestación con el objetivo de exigir al Gobierno español que actúe para aliviar la severa sanción de 116 millones de euros impuesta por Renfe a Talgo, originada por significativos retrasos en la entrega de trenes, que ya superan los dos años.

La concentración se llevará a cabo el 3 de junio a las 12:00 horas frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Según el sindicato, esta prolongada espera ha perjudicado gravemente la capacidad operativa de Talgo y ha afectado a sus trabajadores, quienes están sufriendo las consecuencias de la situación actual.

En un comunicado, CSIF subraya que los trabajadores de Talgo, que suman un total de 2.600, han visto modificados sus salarios debido a las sanciones impuestas por Renfe. En particular, se destaca que no recibirán una parte variable de sus nóminas, lo que representa una pérdida de 10 millones de euros, y califica esta sanción como “desproporcionada e injusta”.

Por otro lado, el 14 de febrero se anunció un acuerdo preliminar para la venta del 29,77% de Talgo que estaba en manos del fondo Trilantic, a un consorcio vasco compuesto por Sidenor, el fondo público vasco Finkatuz y las fundaciones Vital y BBK. Sin embargo, la transacción se encuentra paralizada, influenciada por problemas financieros provocados por la penalización, así como por la situación de deuda de Talgo y otros trámites regulatorios sin resolver.

Ante este escenario, la CSIF sostiene que el Gobierno debe actuar con urgencia para aclarar estas cuestiones y poner fin a la incertidumbre que afecta a los empleados de la compañía. Además, el sindicato demanda que se establezcan acuerdos que prioricen la estabilidad de Talgo y la protección de los derechos laborales de sus trabajadores.