En Madrid, a 19 de septiembre de 2023, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha hecho un llamado de atención sobre el inicio del curso académico 2025-2026, señalando que se repiten los mismos problemas que en años anteriores. Entre estas dificultades se encuentran la precariedad laboral y problemas financieros que afectan a la plantilla docente, donde casi el 49 por ciento de los profesores tienen contratos temporales.

En un comunicado, el sindicato denuncia que, aunque existe un compromiso estatal de alcanzar un gasto del 1 por ciento del PIB en educación universitaria, la realidad actual es muy distinta, con una inversión que apenas llega al 0,7 por ciento. Esta cifra está muy por debajo de la media de otros países de la Unión Europea, lo que plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la educación superior en España.

Además, un informe reciente de la OCDE revela que el gasto por estudiante en el ámbito universitario en España es un 21 por ciento inferior al promedio de la Unión Europea. Desde 2009, el financiamiento público destinado a la educación universitaria ha mostrado una tendencia a la baja en términos reales. El Consejo Económico y Social (CES) también ha señalado la escasez de recursos y la intensa competencia entre instituciones públicas y privadas.

El CSIF identificó la precarización del personal docente e investigador como un problema estructural en las universidades españolas. La temporalidad en este sector alcanza el 49 por ciento, significativamente más alto que el 28 por ciento que se observa en otras áreas del sector público, y el tiempo promedio para lograr una estabilización laboral es de unos 48 años.

El 50 por ciento de los 106.000 docentes que integran el sistema universitario en España están en situación de temporalidad y precariedad. Además, en la última década se ha perdido un total de 2.316 puestos de trabajo permanentes, mientras las condiciones laborales del profesorado asociado y sustituto continúan empeorando.

Ante esta situación, el CSIF criticó la feroz competencia entre universidades públicas y privadas. Se informó que este año hay una reducción de 1.500 plazas en las universidades públicas, mientras que las privadas incrementaron su oferta en 24.000 puestos. De hecho, en el curso 2025-2026, se estima que las instituciones privadas acogerán al 23 por ciento del total de estudiantes universitarios, y el 53 por ciento de aquellos que opten por cursar un máster.

Particularmente alarmante es la situación en algunas comunidades autónomas, como Navarra, Cataluña y Madrid, donde las universidades privadas presentan una altísima tasa de matriculación de estudiantes. Este fenómeno pone de manifiesto una tendencia preocupante para el sistema educativo del país.

Por otro lado, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha programado la reactivación de las negociaciones para el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) durante este mes. Asimismo, se llevará a cabo una comisión según lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para incrementar la inversión pública hasta el 1 por ciento, lo que equivale a cerca de 4.000 millones de euros, para el año 2030.

La reunión correspondiente sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador está fijada para el próximo 25 de septiembre, mientras que la comisión que abordará el incremento de financiación se reunirá el 29 de septiembre. Estos son dos puntos cruciales en la LOSU, y el sindicato ha estado luchando durante años por mejoras que posicionen al sistema universitario español a la par de la media de la Unión Europea.