El Gobierno español está a punto de relanzar su estrategia de apoyo a empresas y trabajadores que enfrentan las repercusiones de los nuevos aranceles comerciales, según lo indicado por altos funcionarios tras recientes encuentros. Esta actualización se anticipa de manera importante después de las conversaciones mantenidas con distintos actores económicos.

En una reunión programada para este miércoles, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se sentará junto al titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con representantes del sector agroalimentario. Este encuentro es parte de un esfuerzo continuado para discutir el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea la semana pasada, que pretende armonizar las relaciones comerciales entre ambas regiones.

El evento se llevará a cabo en el Ministerio de Economía, donde se espera la presencia de diversas organizaciones agrarias y agroalimentarias, como Asaja, COAG y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), quienes han confirmado su asistencia a este foro clave para el sector.

Esta reunión será la segunda de Cuerpo con los sectores afectados por las nuevas tarifas impuestas por Estados Unidos, habiendo iniciado previamente un ciclo de diálogos con representantes de bienes de consumo e industria. Además, el ministro tiene programadas reuniones con el sector químico y farmacéutico y el de bienes de equipo y material eléctrico en los próximos días.

Es importante recordar que la Unión Europea selló un acuerdo con Estados Unidos la semana pasada, que establece un arancel máximo del 15% para las exportaciones estadounidenses, aplicándose también a sectores clave como el farmacéutico y los semiconductores. Sin embargo, la esperada reducción de aranceles automotrices está condicionada a la apertura del mercado europeo a productos agrícolas y pesqueros de Estados Unidos.

A pesar de las expectativas de protección para el vino y las bebidas alcohólicas europeas, estos productos no han sido incluidos en el protocolo establecido, aunque las negociaciones continuarán para abarcar más sectores que puedan beneficiarse de un trato justo en la nueva normativa arancelaria.

Desde el Ministerio de Economía, se ha enfatizado la necesidad de estas reuniones como parte de la implementación de un ambicioso Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, activado tras la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. Este plan busca proporcionar un canal directo de comunicación que apoye eficazmente a las empresas que lidian con las consecuencias de estos cambios en la política comercial.

El plan, aprobado en abril, representa una inversión de 14.320 millones de euros destinados a crear una sólida red de protección para los trabajadores y empresas afectados por el impacto económico del incremento arancelario. Se prevé que, tras escuchar a los diversos sectores, se realicen ajustes significativos a esta estrategia.

Entre las medidas contempladas, se incluye una nueva línea de garantías por 5.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial, así como un reforzamiento del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) con un aumento de 200 millones, sumando un total de 700 millones de euros para respaldar los esfuerzos de exportación e inversión internacional de las empresas españolas.

El plan también destina 20 millones de euros adicionales para financiar iniciativas estratégicas que favorezcan la política comercial internacional de España, ampliando la cobertura ofrecida por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) a 15.000 millones de euros, lo que permitirá movilizar 2.000 millones para proyectos internacionales en riesgo.

Además, se han establecido otras medidas significativas para fortalecer el tejido industrial y su competitividad, incluyendo una Línea ICO de 1.000 millones de euros, un Plan Moves III dotado con 400 millones, y el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva con 200 millones, entre otros. Este esfuerzo integral busca asegurar que las empresas españolas cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos impuestos por la política comercial proteccionista de Estados Unidos.