En una nueva derrota para España, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha confirmado la condena al país a pagar 32,9 millones de euros a Renergy por el recorte de las primas a las energías renovables. Esta decisión se produce después de que el Gobierno español solicitara la anulación del laudo, sin éxito, argumentando que el panel de jueces no se extralimitó en sus funciones.

La sentencia del Ciadi reconoce que las empresas afectadas contaban con la cobertura legal necesaria para acudir al tribunal, debido a los compromisos internacionales asumidos por España. Esta resolución representa un golpe más para el Estado español en su lucha contra las reclamaciones de inversores afectados por las medidas tomadas en 2013.

Renergy, con sede en Luxemburgo, había solicitado inicialmente una compensación de 152 millones de euros, pero el Ciadi finalmente le concedió 32,9 millones en mayo de 2022. A pesar de ello, el Gobierno español se resistió a aceptar el dictamen y presentó una solicitud de anulación, prolongando el proceso hasta el mes de agosto.

Con alrededor de 50 procedimientos en curso por reclamaciones relacionadas con el recorte de las renovables, España ya ha sufrido la emisión de 26 laudos finales a favor de los inversores, por un total de 1.562 millones de euros, además de 318 millones en costas e intereses.

Ante la falta de pago por parte del Gobierno español, las empresas afectadas han comenzado a registrar los laudos en terceros países, donde están logrando embargos exitosos de propiedades españolas. En Reino Unido, por ejemplo, se han autorizado embargos de bienes como la sede del Instituto Cervantes y cuentas bancarias.

Además, en Australia y Bélgica se han tomado medidas similares para garantizar el pago de las compensaciones debidas. Incluso en Estados Unidos, se ha confirmado la capacidad del país para juzgar los impagos de España y proceder con embargos si es necesario. La presión sobre España desde diferentes jurisdicciones internacionales es evidente.

Las empresas afectadas instan a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a poner fin a esta situación de inseguridad jurídica y a buscar una solución que permita reactivar la inversión verde en España, evitando litigios y embargos. La pelota está en el tejado del Gobierno español para resolver este complicado escenario.