El Gobierno ha reafirmado su compromiso de que la operación debe alinearse con la salvaguarda de los intereses colectivos, marcando un momento crucial en el proceso de adquisición de Banco Sabadell por parte de BBVA.

En una reciente declaración, la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, indicó que la implicación del Ejecutivo en la oferta pública de adquisición (OPA) está llegando a su fin. La responsabilidad ahora recae en los accionistas del banco catalán, quienes deberán tomar la decisión sobre la propuesta.

Alegría subrayó que el principal objetivo del Gobierno es asegurar que se respeten los intereses generales, tal y como establece la normativa vigente. Una vez que se garantice este aspecto, su participación se considera concluida.

La ministra explicó que tras la decisión de BBVA de avanzar en el trámite, es necesario que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de la oferta para que el proceso continúe.

“Desde ese punto, serán los accionistas del Sabadell quienes tendrán que evaluar la oferta y decidir si la aceptan", enfatizó Alegría, dejando claro el rol central de los accionistas en esta fase.

Este lunes, BBVA advirtió que las condiciones impuestas por el Gobierno podrían demorar realidades económicas estimadas en sinergias que rondan los 850 millones de euros, haciendo eco de las preocupaciones que la situación genera.

Asimismo, la entidad financiera ha anunciado su intención de actualizar y difundir información pertinente tan pronto como reciba la aprobación del folleto por parte de la CNMV, lo que se espera en las próximas semanas.

En paralelo, Banco Sabadell celebrará una reunión de su consejo de administración para discutir posibles ofertas por el banco británico TSB. Fuentes de Reuters indican que Barclays y Banco Santander están interesados, con este último presentando una oferta vinculante de aproximadamente 2.300 millones de libras (cerca de 2.600 millones de euros al tipo de cambio actual).

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también se pronunció sobre la situación, afirmando que la autorización del Consejo de Ministros estaba condicionada a que ambas entidades mantuvieran una gestión autónoma durante al menos tres años. Aclaró que una vez establecido esto, el Gobierno no intervendría más en la autorización de la concentración.

Cuerpo indicó que esta estructura permitirá maximizar el valor para los accionistas de ambas instituciones, a la vez que se asegura la protección de los intereses comunes, abarcando a trabajadores, empresas que buscan financiamiento y a la clientela en general, especialmente en lo que respecta a la inclusión financiera y el mantenimiento de las sucursales de ambas entidades.