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El Gobierno destina 19 millones a respaldar a los productores de frutos secos golpeados por la sequía.

El Gobierno destina 19 millones a respaldar a los productores de frutos secos golpeados por la sequía.

Más de 16.000 agricultores beneficiarios en comunidades como Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona recibirán apoyo económico para hacer frente a la sequía.

En una reciente declaración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se ha revelado que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha aprobado un nuevo paquete de ayudas destinadas a mitigar el impacto de la sequía en la producción de frutos de cáscara durante el año 2024.

En esta ocasión, se destinarán 355.861 euros a un grupo de 188 agricultores, quienes verán reflejado este monto en sus cuentas bancarias a lo largo del presente mes de agosto.

Esta medida forma parte de un ambicioso plan de apoyo que ya ha distribuido un total de 19 millones de euros entre 16.389 productores, lo que equivale al 95,4% del presupuesto asignado a esta iniciativa. Estas ayudas son una respuesta del Gobierno frente a los retos que la sequía plantea para el sector agrario.

Las ayudas están diseñadas específicamente para agricultores que cultivan frutos de cáscara de secano en varias provincias, incluida Tarragona, así como aquellos que cultivan avellanos en tierras regadas, quienes han sufrido las severas consecuencias de la falta de agua en el 2024.

Los agricultores seleccionados son aquellos que han recibido previamente ayudas de la Política Agraria Común (PAC) durante la campaña de este año y gestionan tierras con cultivos de almendra, nuez, castaña, algarrobo, avellano, pistacho y combinaciones de estos frutos en secano, además de avellanos en regadío. Es importante notar que las ayudas están limitadas a un máximo de 70 hectáreas por agricultor, y ningún beneficiario podrá recibir menos de 200 euros.

Asimismo, se ha establecido que solo aquellos agricultores que han cumplido con sus obligaciones tributarias y estatales podrán acceder a estas ayudas, asegurando así una distribución justa y transparente de los recursos.