
El panorama energético en España se encuentra en un punto de inflexión tras la aprobación por parte del Gobierno de un nuevo real decreto-ley que potencia la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y mejora la gestión del sistema eléctrico a través de Red Eléctrica de España (REE). Este conjunto de medidas busca no solo asegurar el cumplimiento por parte de los distintos actores del sector, sino también introducir herramientas innovadoras que fortalezcan la electrificación, el almacenamiento y la flexibilidad del sistema.
En una reciente conferencia de prensa, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, subrayó que este decreto representa un paso significativo hacia la identificación y resolución de las causas que provocaron el famoso “cero eléctrico” el pasado 28 de abril. Además, enfatizó que se están sentando las bases para prevenir que tales situaciones se repitan en el futuro.
Aagesen destacó la importancia de estas medidas en un contexto global complicado, afirmando que un sistema eléctrico más robusto es esencial para garantizar facturas más estables y predecibles, lo cual beneficiará a ciudadanos, autónomos y pequeñas y medianas empresas por igual.
El nuevo Real Decreto-Ley se estructura en tres ejes fundamentales: el refuerzo de la supervisión, la gestión del control de tensión y amortiguamiento de oscilaciones, y la promoción del almacenamiento y electrificación. Esto incluye un fortalecimiento del rol de la CNMC, que ahora tendrá la responsabilidad de evaluar periódicamente las obligaciones de los distintos agentes del sistema eléctrico.
El "superregulador" tiene un plazo de seis meses para realizar su primera evaluación sobre el control de tensión y debe presentar informes de actualización cada tres meses. Además, se implementará un plan de inspección extraordinario que revisará las capacidades de reposición de instalaciones clave, incluyendo aquellas que funcionan de manera autónoma.
La gestión de Red Eléctrica de España también se verá fortalecida, ya que se le encomendará la revisión de normativas relacionadas con la tensión y la estabilidad del sistema eléctrico. Así, se propone un nuevo marco normativo que permita responder eficazmente a las fluctuaciones de potencia y mejore la seguridad del sistema en general.
A medida que se desarrollan estas iniciativas, se prevé también una importante revisión de la planificación de la red de transporte, que se actualizará cada tres años. Esto permitirá adoptar una visión a largo plazo que contemple las necesidades futuras del sistema eléctrico y una mejora constante en su funcionamiento.
El acceso a la red eléctrica para nuevas actividades económicas será facilitado mediante la revisión de normativas existentes, fijándose un plazo de cinco años para los derechos de acceso y agilizando el procedimiento para nuevas conexiones, incluyendo puntos de recarga para vehículos eléctricos que estarán exentos de autorizaciones complejas en ciertos casos.
Asimismo, la electrificación se verá impulsada con un aumento en la distancia permitida para el autoconsumo a cinco kilómetros para instalaciones menores de cinco megavatios, además de incorporar un gestor de autoconsumo que facilitará los trámites necesarios para la comunidad.
Para el sector industrial, el decreto también incluye una significativa exención del 80% en peajes eléctricos, con efectos retroactivos desde enero, en respuesta a la creciente presión económica provocada por la guerra en Ucrania.
La tramitación de proyectos de energías renovables también se reformará para optimizar la ejecución y reducir los plazos administrativos, permitiendo la repotenciación de instalaciones con una condición flexible sobre la potencia generada. Esto debería estimular una mayor inversión en energías limpias y sostenibles.
Finalmente, se introduce la figura del agregador independiente, que permitirá una mayor flexibilidad en el mercado eléctrico al combinar consumos y generar electricidad en beneficio de un sistema más dinámico y eficiente. Esta innovación busca no solo mejorar la resiliencia del sistema, sino también fomentar la transición hacia un modelo energético más sostenible y accesible para todos.
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