El 10 de octubre en Madrid, el Ministerio de Juventud e Infancia está planteando una significativa medida que impactará a las comunidades autónomas. En la próxima Conferencia Sectorial, se buscará aprobar un crédito extraordinario de 13 millones de euros destinado a la atención de la infancia migrante no acompañada en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

De acuerdo a información sensible proporcionada por fuentes ministeriales a Europa Press, se ha planificado la distribución de estos fondos, con Canarias recibiendo 5 millones de euros, Ceuta con 4,1 millones y Melilla con 1,7 millones. Estos tres territorios han sido identificados como en situación de contingencia migratoria extraordinaria, mientras que Baleares, que recientemente ha declarado emergencia migratoria, obtendrá 1,2 millones de euros.

La iniciativa de distribución del crédito deberá ser evaluada por la Comisión Sectorial en reunión el 17 de octubre, y posteriormente ratificada por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, programada para inicios de noviembre.

Este nuevo paquete de fondos se suma a los 22 millones de euros previamente aprobados este año para las mismas comunidades. Además, forma parte de un fondo más amplio de 100 millones de euros establecido por un real decreto para la atención de menores migrantes no acompañados. En total, considerando las transferencias ordinarias, el Ministerio que lidera Sira Rego ha dispuesto 135 millones de euros este año para apoyar a las comunidades autónomas.

Desde el Ministerio, se subraya el compromiso de proporcionar "todos los recursos necesarios" a los gobiernos regionales, enfatizando la importancia de mantener la sostenibilidad de los sistemas de acogida y de asegurar que se respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

A pesar de estos esfuerzos, se han denunciado situaciones en las que ciertas comunidades autónomas intentan obstaculizar las reubicaciones de los niños migrantes en estas áreas de crisis. Las fuentes defienden que la problemática no radica en la falta de recursos, sino en una política que parece criminalizar a la infancia migrante no acompañada, lo que es inaceptable.

A pesar de los desafíos, se informa que ya se han realizado las primeras reubicaciones y que "el protocolo avanza de manera habitual, asegurando el bienestar de los menores involucrados".