SEVILLA, 4 de abril.

En un reciente encuentro en Sevilla, Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y vicepresidenta del Gobierno, ha revelado que están dispuestos a proceder con la demolición de la mitad del controvertido hotel situado en el paraje de El Algarrobico, ubicado en Carboneras, Almería. Esta decisión se daría en el contexto de un proceso de expropiación que se ha iniciado amparándose en la ley de Costas, a menos que se logre un acuerdo con la Junta de Andalucía para que también tome medidas en las áreas que le corresponden en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Aagesen expresó su frustración al señalar que sería “totalmente absurdo” derribar solo una parte del hotel que ocupa terrenos donde el Gobierno tiene autoridad, dejando la estructura intacta en la otra mitad. Durante su intervención en los Encuentros de la Cadena Ser Andalucía, enfatizó la necesidad de una acción coherente que aborde la situación en su totalidad.

La ministra se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un entendimiento con la Junta, alentando a los responsables regionales a colaborar con la iniciativa del Gobierno central para optar por la expropiación de esta “aberra­ción” arquitectónica, en lugar de adherirse estrictamente a lo dictado por las sentencias judiciales, cuyas ejecuciones recaen mayoritariamente en el Ayuntamiento de Carboneras.

Aagesen manifestó que la ciudadanía ha esperado pacientemente un avance en este asunto durante mucho tiempo, defendiendo así las acciones emprendidas por la Administración central dentro del marco de sus competencias para eliminar el polémico hotel, especialmente en la zona que invade el dominio público marítimo-terrestre, dado su cercanía a la costa.

Además, subrayó la importancia de que la Junta actúe en la parte del parque natural que le compete, y expresó su esperanza de que el Gobierno regional reconsidere su postura y se una a este esfuerzo, el cual parece viable tras los recientes dictámenes judiciales sobre la situación.

En el proceso de expropiación que comenzó el pasado 11 de marzo, con la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros que afirmaba la utilidad pública de los terrenos, Aagesen confía en que este año avance la demolición, al menos en parte, de la polémica construcción que ha sido objeto de tanto debate.