Madrid, 14 de julio. El gobierno español está listo para dar un paso significativo en la protección de las personas con discapacidad al someter a consideración del Consejo de Ministros una reforma crucial de las leyes de discapacidad y dependencia. Entre las principales medidas de esta iniciativa destaca la retribución más severa para quienes expongan a personas con acondroplasia o cualquier otra discapacidad en contextos de entretenimiento, con multas que oscilarán entre los 600.000 y un millón de euros.

Así lo ha hecho saber Jesús Martín Blanco, director de Derechos de las Personas con Discapacidad, en una reciente entrevista con Europa Press. Según el funcionario, este enfoque busca reforzar las sanciones sobre prácticas que puedan comprometer la dignidad y la integridad de quienes viven con discapacidades.

Martín Blanco ha subrayado que, además de estar prohibidas bajo la legislación vigente, estas infracciones se clasificarán como conductas muy graves, lo que conlleva consecuencias severas. Su objetivo es asegurar que cualquier tipo de burla o denigración de personas con discapacidad, particularmente en espacios públicos, sea erradicado.

La propuesta de reforma será contundente; si se comprueba la realización de tales actos, las sanciones podrían alcanzar cifras alarmantes, reflejando lo inaceptable de estas prácticas en una sociedad que aspire a ser inclusiva. "Ridiculizar a personas con discapacidad es un reflejo de una sociedad que aún necesita evolucionar", enfatizó Martín Blanco.

Este abogado defensor ha recordado que ya se había legislado en contra de estas prácticas nocivas, las cuales, según él, deshumanizan a quienes sufren de enanismo y evocan épocas medievales de desprecio y burla. "No podemos permitir que estos comportamientos den lugar a un retroceso en nuestros valores democráticos", dijo.

De acuerdo con la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente en su disposición adicional decimotercera, se prohíben de manera explícita cualquier espectáculo o actividad que utilice a personas con discapacidades para inducir la burla o el desprecio del público, en contraposición a la dignidad humana que todos merecemos.

Con esta nueva revisión, el gobierno busca consolidar esta prohibición en todos los ámbitos, asegurando una protección robusta para las personas con discapacidad, a medida que se enfrenta el creciente clamor social por un cambio efectivo en la percepción y el tratamiento de estas cuestiones.

La urgencia de esta reforma se ha visto acentuada por un incidente reciente, donde se alegó que se contrataron a personas con acondroplasia para una fiesta privada con motivo del 18 cumpleaños del futbolista Lamine Yamal. Ante esto, el Ministerio de Derechos Sociales ha solicitado que tanto la Fiscalía como el Defensor del Pueblo y la Oficina de Delitos de Odio del Ministerio del Interior investiguen el asunto a fondo.

“No somos bufones de nadie”, expresó Martín Blanco, refiriéndose al uso inapropiado de personas con discapacidad por figuras públicas, añadiendo que es preocupante que alguien con una gran influencia sobre los jóvenes participe en situaciones que degradan a comunidades ya vulnerables. Sin embargo, también enfatizó la importancia de respetar la presunción de inocencia mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.