En un anuncio que promete marcar un hito en el ámbito del arrendamiento, el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelará un nuevo índice a lo largo de diciembre que se convertirá en la referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler desde 2025. Este desarrollo responde a lo estipulado en la disposición adicional undécima de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que busca establecer mecanismos más justos y equilibrados en el sector de la vivienda.

Según confirmaron fuentes del INE a Europa Press, el trabajo en este índice está "prácticamente concluido", y se espera que sea publicado en breve. De esta manera, en 2025 los arrendatarios y propietarios contarán con un nuevo indicador que orientará las actualizaciones anuales de los contratos de arrendamiento, aliviando las tensiones en un mercado que ha estado marcado por incrementos excesivos y disparidades en las rentas.

La Ley por el Derecho a la Vivienda tiene como objetivo fundamental establecer un sistema que limite los aumentos desmedidos en el valor de los alquileres. Con su disposición adicional undécima, la normativa requiere que el INE defina antes del 31 de diciembre de 2024 un índice de referencia específico, ofreciendo de este modo una protección importante para los inquilinos frente a posibles abusos en la fijación de rentas.

Este nuevo índice se enmarca en un esfuerzo más amplio del Gobierno por afrontar las consecuencias de la crisis inflacionaria exacerbada por la guerra en Ucrania, que en el pasado reciente llevó a imponer un tope del 3% en el incremento de las rentas. Este límite se ha implementado como medida extraordinaria para mitigar el impacto económico en los inquilinos, quienes han visto un aumento en el costo de vida y en los precios de bienes y servicios básicos.

El Gobierno también ha introducido otros controles, como un Real Decreto-Ley que estableció un límite del 2% para la actualización anual de los contratos de arrendamiento en 2022 y 2023, buscando así proteger a los inquilinos en un momento de gran incertidumbre económica.

Además, según el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), durante la vigencia del contrato, la renta solo puede ser ajustada en la fecha de cumplimiento de cada año, de acuerdo con lo pactado por las partes. Si no hay acuerdo expreso entre arrendador y arrendatario, no se realizará ajuste en la renta, lo que brinda una cierta protección a los inquilinos.

En situaciones donde exista un pacto claro sobre un mecanismo de ajuste que no especifique un índice concreto, la ley indica que el ajuste deberá seguir el Índice de Garantía de Competitividad, garantizando que los incrementos no superen la variación porcentual del Índice de Precios al Consumo (IPC) en cada actualización.

De este modo, el nuevo índice que se dará a conocer pronto por el INE será un sistema de actualización que sustituirá tanto al IPC como al Índice de Garantía de Competitividad, aportando un enfoque renovado y, se espera, más equitativo para los inquilinos en el complejo panorama del arrendamiento en España.