El juez Adolfo Carretero se ha manifestado sobre el caso del exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, al indicar que este debe entregar su teléfono móvil a la Policía para que se analicen sus interacciones con la actriz Elisa Mouliaá, quien lo ha acusado de un presunto delito de agresión sexual. Esta decisión se produce en un contexto sensible donde el deber de justicia y el respeto por la privacidad cobran especial relevancia.

Errejón había intentado suspender el requerimiento de entrega de su móvil, argumentando que debía esperar a que la Audiencia Provincial de Madrid decidiese sobre la necesidad de esta diligencia. Sin embargo, el juez ha dejado claro que nada impide que los agentes examinen las comunicaciones relevantes, ya que se han establecido medidas para asegurar que solo se revisen los intercambios entre él y Mouliaá.

El magistrado también ha abordado la solicitud de Errejón sobre someter a la actriz a un examen psiquiátrico forense. Carretero afirmó que no se puede obligar a Mouliaá a aceptar la evaluación por un perito de elección de Errejón sin su consentimiento, recordando que la denunciante ya ha presentado sus propios informes psiquiátricos ante el tribunal.

La importancia del consentimiento queda subrayada por la afirmación del juez de que cualquier evaluación pericial debe llevarse a cabo únicamente si Mouliaá lo acepta de manera voluntaria. Por ende, el magistrado ha solicitado al abogado de la actriz que confirme si está de acuerdo con la prueba solicitada por Errejón.

Las palabras del juez son contundentes: no se puede forzar a alguien a someterse a un reconocimiento psiquiátrico por parte de un perito elegido por la parte contraria, y tal coerción no debería ser un obstáculo para valorar su negativa adecuadamente. Este aspecto enfatiza el deber del sistema judicial de proteger la autonomía y los derechos de la víctima.

El juez Carretero también ha indicado que la defensa de Errejón tiene acceso a los informes psiquiátricos de Mouliaá, y que estos pueden ser cuestionados por otro profesional si así lo considera necesario. A principios de marzo, la actriz presentó un informe en el que se exponía que atravesó una experiencia traumática que la afectó gravemente y que consideró una violación de su intimidad.

Este informe, elaborado por el perito José Cabrera, concluye que Mouliaá sufrió un abuso que ha derivado en un trastorno por estrés postraumático, resaltando la gravedad de la situación. Ante esto, Errejón ha solicitado que la actriz se someta a otra evaluación, algo que su abogado ha considerado innecesario y procedente.

El abogado de Mouliaá ya había expresado su oposición a la evaluación psiquiátrica sugerida por el exdiputado, argumentando que la documentación presentada es suficiente para el caso. Esto plantea interrogantes sobre el equilibrio entre el derecho a defenderse y las inquietudes sobre la privacidad de la denunciante.

Finalmente, el letrado de Mouliaá ha señalado la contradicción en la defensa de Errejón, que busca proteger su propia intimidad mientras insiste en acceder a informes psiquiátricos de la actriz, sugiriendo que hay una falta de consideración por los derechos de la víctima. La defensa de Mouliaá ha subrayado la importancia de mantener su derecho a la intimidad, un aspecto que debería ser inquebrantable y respetado en todo momento dentro del proceso judicial.