El 25 de mayo en Madrid, el PSOE ha presentado una propuesta en el Congreso que busca el reconocimiento formal de las numerosas mujeres que padecieron las consecuencias del franquismo. Estas mujeres fueron recluidas en el Patronato de Protección a la Mujer simplemente por no adherirse a los estrictos códigos morales impuestos por la dictadura, con la intención de "reeducarlas".

Según información a la que ha accedido Europa Press, los socialistas señalan que este patronato tiene raíces en el Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas, establecido en 1902 bajo la supervisión de la Reina María Cristina de Habsburgo. Su propósito inicial era combatir la explotación de mujeres, pero su transformación posterior fue drástica.

En 1931, durante la Segunda República, el organismo fue reorganizado con una perspectiva más secular y enfocada en el empoderamiento femenino. Sin embargo, su disolución en 1935 permitió que el régimen franquista lo reconfigurara, convirtiéndolo en "una red de internamiento y control social femenino" que sirvió como herramienta de represión patriarcal.

Con la dictadura afianzada en 1941 y bajo la presidencia honoraria de Carmen Polo, esposa de Franco, el patronato se encaminó hacia la "reeducación" de mujeres que, según el régimen, estaban en riesgo de caer en la prostitución o que simplemente se comportaban de manera considerada inmoral.

Los centros, administrados por congregaciones religiosas, internaban a mujeres y niñas que eran vistas como transgresoras. Algunas de ellas fueron recluidas por fumar, vestir de manera considerada inapropiada, mantener relaciones amorosas o quedar embarazadas fuera del matrimonio. Estas prácticas perduraron hasta 1985.

Además de la represión psicológica, esos espacios se convirtieron en focos de explotación laboral, donde las internas eran obligadas a trabajar sin recibir remuneración, sufrían humillaciones continuas y eran sometidas a castigos físicos.

La Conferencia Española de Religiosos (Confer), que agrupa a diferentes congregaciones religiosas en España, ha anunciado un evento el próximo 9 de junio para llevar a cabo un "reconocimiento y petición de perdón" a las sobrevivientes de este patronato.

El PSOE argumenta que el reconocimiento de estas mujeres como víctimas es congruente con la Ley de Memoria Democrática, y en este sentido, solicita que el Congreso exhorte al Gobierno a otorgarles ese reconocimiento. Esto implicaría la apertura de expedientes que culminen en declaraciones formales de reconocimiento y reparación para "restituir la memoria" de todas aquellas que sufrieron a manos de este "órgano represor" de anulación y explotación.