Este 30 de noviembre, en Madrid, se ha confirmado que el Real Decreto 933/2021, relacionado con el registro de documentación en el sector turístico, entrará en vigor el próximo 2 de diciembre. Esta normativa se ha visto envuelta en polémica, habiendo sido prorrogada en tres ocasiones previas. Las críticas del sector turístico no se han hecho esperar, considerándola por muchos como una medida “inaceptable”, al punto de que se están evaluando acciones legales para oponerse a su aplicación inminente.

Las objeciones más contundentes provienen de la industria misma, destacándose preocupaciones como la posible incompatibilidad del decreto con el reglamento de la Unión Europea. Además, se argumenta que su implementación podría generar “inseguridad jurídica” y dificultar el cumplimiento de normativas existentes, lo que podría traducirse en una desventaja competitiva tanto a nivel nacional como europeo. Asimismo, se resalta la falta de adaptación tecnológica y la carga administrativa desproporcionada que tendría que asumir el 95% de las empresas del sector, que son pequeñas y medianas empresas (pymes).

En un pronunciamiento reciente, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha calificado esta normativa como “inaceptable”, reafirmando su compromiso de impulsar acciones legales, tanto en lo que respecta a la exclusion de las agencias de viajes, como sobre la industria MICE y el sector corporativo. Sin duda, esta postura subraya la creciente tensión entre el gobierno y los actores clave del sector turístico.

Catiana Tur, gerente de la patronal Acave, afirmó este miércoles que el Real Decreto 933/2021 plantea una “inseguridad jurídica” alarmante, y lamentó que no se haya consultado adecuadamente al sector antes de la elaboración de la orden ministerial sobre el nuevo registro de viajeros. Este desajuste en la comunicación entre el gobierno y los agentes turísticos es un punto de fricción que ha sido señalado repetidamente.

Por otro lado, el presidente de Fetave, César Gutiérrez, expresó su incredulidad ante la aprobación sucedida del Real Decreto, citando informes de organismos como la Agencia de Protección de Datos, la Comisión Europea y el Consejo de Estado que indican serias incompatibilidades con las leyes vigentes. Este factible hallazgo resalta la urgencia de repensar la normativa antes de su implementación.

A estas críticas se une también la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que ha denunciado la implicación negativa del decreto no solo para los turistas internacionales, sino para los ciudadanos españoles que utilizan hoteles y otros alojamientos dentro de sus propios países. Según la confederación, el nuevo reglamento traerá consigo trámites administrativos complicados que afectarán la experiencia de alojamiento de los viajeros.

Ante esta situación, los hoteleros se encuentran colaborando con expertos legales para explorar las acciones judiciales que podrían emprender en contra de esta normativa, argumentando su impacto negativo y su incompatibilidad con directivas europeas. Desde su perspectiva, estas acciones son esenciales para proteger no solo sus intereses, sino también los derechos de los viajeros.

Jorge Marichal, presidente de Cehat, subrayó que han estado meses solicitando diálogo y propuestas concretas para asegurar la viabilidad del sector y la seguridad jurídica, pero que, lamentablemente, no han recibido respuesta alguna. Ante esta falta de interés por parte de la administración, se ven obligados a buscar alternativas legales que resguarden tanto a empresarios como viajeros.

Las agencias de viajes, junto a Acave, UNAV y Fetave, comparten la misma disposición y ya han iniciado el análisis de acciones legales en contra del nuevo registro de viajeros. En un comunicado conjunto, las tres asociaciones criticaron que el decreto vulnera la normativa europea en materia de protección de datos, al exigir una cantidad excesiva de datos sensibles y personales a las empresas.

En relación con la inminente oferta de una orden ministerial que se someterá a una audiencia pública de dos semanas, las agrupaciones de agencias consideran altamente improbable que se excluya la exigencia de comunicar nuevos datos de carácter personal, que incluyen incluso la información de las tarjetas de crédito de los turistas.

La CEAV, por su parte, ha solicitado una orden ministerial que atienda las reivindicaciones del sector, limitando los datos requeridos y asegurando la exclusión de actividades como el corporativo y MICE, así como de grupos y actividades receptivas en general, especialmente en lo que respecta a la colaboración con agencias de viajes y turoperadores extranjeros.

Respecto a las afirmaciones del Ministerio del Interior sobre mantener una “interlocución permanente” con los sectores afectados, CEAV ha desmentido que haya existido un contacto constante entre el ministerio y la industria. La confederación ha manifestado que ha tenido que enterarse a través de fuentes externas sobre las comunicaciones del Ministerio a pesar de varios intentos fallidos de contacto.

Además, Cehat ha denunciado que, desde la reunión con el Ministerio del Interior el pasado 4 de octubre, no ha habido comunicación oficial ni avances en las aclaraciones que se prometieron. Este silencio es motivo de preocupación entre los hoteleros, quienes demandan respuestas adecuadas a sus inquietudes.

Por último, las agencias de viaje, junto con Acave, UNAV y Fetave, han expresado su descontento ante lo que consideran un “ninguneo” por parte del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien se ha negado a reunirse con el sector a lo largo de todo este proceso. Esta falta de diálogo deja a la industria turística preocupada por su futuro y los efectos que podría tener el nuevo decreto en un sector ya golpeado por la crisis sanitaria y económica.