El caso que involucra al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García está tomando un nuevo rumbo en la sede del Tribunal Supremo. El juez Leopoldo Puente tiene programado un interrogatorio este miércoles, donde se espera que comparezcan como testigos el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y Celia Rodríguez, quien trabajaba en la Secretaría de Organización del partido. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que Rodríguez era responsable de la entrega de sobres con dinero en efectivo a Ábalos y García, y este interrogatorio busca esclarecer la naturaleza de esos pagos.

La decisión del juez de citar a Moreno y Rodríguez llega tras recibir un informe de la UCO que detalla una sorprendente reserva de dinero en efectivo de origen desconocido a la que Koldo tendría acceso en beneficio de Ábalos. Este informe apunta a que algunos de los pagos realizados a ambos pueden estar justificados como reembolsos, mientras que otros no presentan justificación alguna.

Puente subrayó que el informe de la UCO identificó comunicaciones que sugieren transacciones en efectivo desde el PSOE hacia Ábalos y Koldo, sin que estos movimientos estén claramente documentados en los registros del partido. “Es esencial que podamos establecer una conexión entre estos mensajes y los pagos de gastos que se han presentado”, argumentó el juez durante su exposición de motivos para convocar a los testigos.

A pesar de la relevancia de las declaraciones de Moreno y Rodríguez, el Partido Popular, que intensifica sus esfuerzos como acusación en este caso, ha solicitado que antes de sus testimonios se exhijan al PSOE todos los movimientos de caja desde 2017, junto con un desglose detallado de ingresos y egresos. No sólo se busca un resumen, sino una revisión exhaustiva que aclare cualquier sombra de duda sobre la gestión financiera del partido.

Además del seguimiento detallado de los movimientos de caja, los 'populares' han instado a que se presenten las normativas vigentes del PSOE en relación a los reembolsos de gastos y su política de conservación de documentación contable. Sin embargo, el juez Puente ha desestimado en esta ocasión la solicitud de la acusación, subrayando que la validez de las declaraciones de Moreno y Rodríguez será evaluada luego de que estas se lleven a cabo.

El informe de la UCO advierte que entre 2017 y 2021, Ábalos recibió pagos tanto en efectivo como por transferencia bancaria, sumando un total de 19.638,97 euros sólo en pagos en caja. Las investigaciones han destacado que diversas conversaciones entre Koldo y su entonces pareja, Patricia Uriz, sugieren que entregas de estas liquidaciones se efectúan en persona, evidenciando una operativa que podría ser cuestionada.

Un mensaje particular del 18 de septiembre de 2018 resalta cómo Uriz mencionó haber recogido un sobre en la sede del PSOE, sugiriendo que se trataba de fondos destinados a Ábalos. Detalles como estos han sido vitales para la investigación, que aún encuentra irregularidades en los registros oficiales del partido.

Aunque existen pruebas documentales que respaldan algunas entregas, la UCO ha identificado múltiples mensajes que apuntan a pagos que no tienen respaldo, lo que genera dudas sobre la transparencia en la gestión de estos fondos. Este contexto refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva que garantice la rendición de cuentas y la legalidad de las acciones realizadas dentro de las estructuras del partido socialista.

Este caso, que ha captado la atención mediática y política, plantea importantes interrogantes sobre la ética y la transparencia en la financiación de los partidos políticos en España, y su desarrollo será seguido de cerca por la ciudadanía y diferentes actores políticos que abogan por una democracia más limpia y justa.