El pasado martes, en Madrid, el Tribunal Constitucional (TC) tomó la decisión de aceptar a trámite los recursos interpuestos por los gobiernos de Aragón, Cantabria y Extremadura. Estos recursos cuestionan el sistema de distribución de menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas. Esta acción sigue el precedente marcado por el recurso de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso.

Los recursos en cuestión están dirigidos contra el reciente Real Decreto-ley 2/2025, aprobado el 18 de marzo, que establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia en el contexto de situaciones migratorias excepcionales.

Las comunidades autónomas demandantes argumentan que este decreto infringe no solo los derechos constitucionales que regulan la legislación en materia de derechos fundamentales, sino también el marco de distribución de competencias establecido entre el Estado y las autonomías, así como los principios de autonomía y solidaridad que deben prevalecer.

El 29 de abril, el tribunal ya había admitido el recurso de la Comunidad de Madrid en relación al mismo decreto. En declaraciones del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, se enfatizó que el Partido Popular considera que el convenio de distribución de menores es un proceso "discrecional" que se acordó con el partido Junts, con el objetivo de obtener los siete votos necesarios para que Pedro Sánchez continúe en el poder.

Desde la Abogacía General de la Comunidad de Madrid se argumenta que el decreto es inconstitucional por "invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional", dado que la responsabilidad de recibir y acoger a los menores extranjeros no acompañados recae en las comunidades autónomas que, por ley, gestionan la protección y tutela de menores.

Asimismo, se sostiene que el decreto es "contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones", puesto que el criterio de distribución no ha sido acordado con la participación de las comunidades autónomas. También se critica la falta de autonomía financiera, ya que el Gobierno central no asegura los recursos económicos necesarios para garantizar una atención adecuada a los menores desplazados.

Finalmente, el PP manifiesta que el Real Decreto carece de una justificación sólida, ya que propone un sistema de reparto "subjetivo" que no prioriza la asistencia adecuada a los menores migrantes no acompañados.