El Tribunal Constitucional ha decidido estimar parcialmente el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el protocolo de menores migrantes del Ejecutivo canario, anulando la Resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias de 10 de septiembre, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

En esta decisión unánime, el tribunal respaldó la ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez, quien consideró que el acogimiento de personas menores es un tema de asistencia social.

El Ejecutivo de Moncloa impugnó varios apartados del acuerdo del Gobierno de Canarias con respecto a los menores migrantes, logrando que el TC declare inconstitucional y nula la resolución que aprobaba el protocolo, así como un apartado del acuerdo en cuestión.

La impugnación fue admitida a trámite el 8 de octubre, con la suspensión de los preceptos recurridos, que ya estaban desactivados cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El nuevo protocolo implicaba diferentes medidas como la identificación previa de los menores, su inscripción en un registro y una resolución administrativa antes de su entrega a las autoridades de las islas.

La Fiscalía consideró que estas medidas suponían una falta de atención inmediata a la situación de desamparo de los menores migrantes, vulnerando sus derechos fundamentales.

El ministro Ángel Víctor Torres anunció que el Gobierno llevaría el protocolo canario al Tribunal Constitucional después de recibir el dictamen del Consejo de Estado que respaldaba el recurso.

El Consejo de Estado señaló que las dificultades en la identificación y determinación de la edad de los inmigrantes, así como la falta de medios autonómicos para atenderlos, no justificaban el rechazo o la demora en la atención inmediata de los menores en situación de desamparo.