Madrid, 27 de mayo.

En un reciente fallo, el Tribunal Supremo ha desestimado la acción legal interpuesta por Alberto González Amador, compañero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en contra de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. González Amador había demandado a Montero por sus acusaciones de que vive en una vivienda financiada con un fraude a la Hacienda Pública, así como por calificarlo de "delincuente confeso".

La Sala de lo Civil del Tribunal ha dictaminado que las palabras de Montero se enmarcan dentro de una crítica política legítima y están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, lo que refuerza la importancia de la crítica en el ámbito político.