El Tribunal Supremo ha respaldado la decisión del juez Ángel Hurtado de no suspender cautelarmente a Álvaro García Ortiz de su puesto como fiscal general del Estado, en relación con el juicio por la presunta revelación de secretos que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres rechazaron el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que se ha personado como acusación popular en este caso y solicitó la suspensión de García Ortiz. Según la Sala de Apelación, la decisión de Hurtado se basa en argumentos jurídicos sólidos y claros.

En su resolución, publicada por Europa Press, los magistrados señalaron que la potestad de suspender a García Ortiz es de carácter administrativo y corresponde a los órganos directivos del Ministerio Fiscal. De esta manera, la intervención de un juez en esta cuestión se interpretaría como una intromisión inaceptable en la autonomía del Ministerio Público.

Además, los jueces enfatizaron que la petición de APIF no parecería cumplir con alguna finalidad factible en el contexto del proceso penal. Plantearon que, incluso si tal medida pudiera considerarse, carecería de justificación para ser tan drástica como suspender al líder de la Fiscalía.

Los magistrados recordaron que ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevén una suspensión cautelar para el fiscal general del Estado durante un proceso judicial. Hurtado también ha señalado la existencia de un “vacío legal” que le impide dictar tal suspensión, ya que el artículo 145.1 del Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal no se aplica a la figura del fiscal general.

Según el magistrado, la decisión de suspender a cualquier fiscal recae exclusivamente en la Fiscalía General del Estado, lo que lo convierte en un asunto administrativo que no debe ser tratado por la judicatura. Además, consideró que resulta aún más problemático aplicar una medida de suspensión a García Ortiz, quien es el que tiene esa autoridad respecto a su personal.

Consciente de la paradoja que puede representar que sea García Ortiz quien decida sobre su propia suspensión, Hurtado decidió remitir la resolución a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que tome las acciones necesarias. Sin embargo, la Inspección contestó que no tiene la competencia para llevar a cabo dicha suspensión.