En un movimiento que reafirma su compromiso con la justicia social, más de quince estados gobernados por demócratas han decidido llevar a la Administración de Donald Trump ante los tribunales. Esta acción legal se centra en la oposición a las políticas que limitan el acceso a atención médica y tratamientos para menores transgénero dentro de EE. UU.

Encabezados por California, estos estados han decidido desafiar una reciente orden ejecutiva de Trump, que califica los tratamientos de transición como una forma de "mutilación química y quirúrgica". Este lenguaje ha generado una controvertida respuesta dentro de la comunidad médica y de derechos humanos, que defiende el bienestar y la autonomía de los jóvenes trans.

La demanda fue presentada en un tribunal de Boston y sostiene que la administración Trump está vulnerando los derechos constitucionales de los jóvenes transgénero, además de solicitar una investigación exhaustiva sobre los tratamientos disponibles en varios estados, incluso aquellos donde son legales y ampliamente aceptados.

Desde que la orden fue firmada en enero, el Departamento de Justicia ha recibido instrucciones de investigar a las clínicas que ofrecen estos servicios, desencadenando una preocupación significativa en los profesionales de la salud. Hasta ahora, se han emitido más de veinte citaciones a médicos que apoyan y atienden a esta población vulnerable.

Pam Bondi, la fiscal general, ha denunciado a estos especialistas por "mutilar a niños en respuesta a una ideología distorsionada", prometiendo que enfrentarán consecuencias legales por su desempeño profesional. Esta línea de ataque ha exacerbado el debate sobre la atención médica adecuada y el derecho de los menores a recibir tratamiento adecuado para su identidad de género.