La situación en torno al suministro de mascarillas durante la pandemia sigue generando interrogantes y contradicciones, especialmente en el contexto de la investigación en curso sobre el 'caso Koldo'. Juli Fuster Culebras, exdirector del Servicio de Salud de Baleares bajo el liderazgo de Francina Armengol, se presentó este martes en el Senado para aportar detalles que complican la narrativa oficial.

En su declaración, Fuster expresó incredulidad ante las dudas que algunos plantean sobre la actuación del Gobierno de España. Mientras comparecía en la comisión que investiga las implicaciones del mencionado caso, hizo hincapié en que la propuesta de adquirir mascarillas provino de un Ministerio, aunque no pudo especificar si era el de Industria o el de Transportes.

Frente a las indagaciones del senador del PP, Miguel Àngel Jerez, Fuster dejó claro que él no tenía responsabilidad directa en la contratación de las mascarillas, pero confirmó que se recibió una comunicación del Ministerio, cuyo remitente permanece en el anonimato. Este contacto les informó de un cargamento de mascarillas KN95 que el Gobierno había dispuesto para las fuerzas de seguridad, indicando que existía un excedente disponible.

El departamento de salud solicitó las especificaciones técnicas y la documentación pertinente sobre las mascarillas. Esta información fue enviada a la central de compras para una evaluación, y eventualmente se materializó en un contrato de adquisición. Fuster fue enfático en reiterar que el propósito de estas mascarillas era civil desde el inicio, a pesar de que hubo momentos de confusión respecto a la equivalencia entre las mascarillas KN95 y las FFP2, lo que llevó a su análisis detallado.

El exdirector del Servicio de Salud también compartió que, aunque al principio las mascarillas fueron compradas bajo la afirmación de que cumplían estándares equivalentes a las FFP2, el estallido de la pandemia llevó a una decisión de almacenarlas, a fin de evaluar la evolución del COVID-19. Argumentó que durante la compra, el Ministerio de Industria había validado la equivalencia de los productos.

En marzo de 2023, el Servicio de Salud realizó una reclamación económica para recuperar parte del dinero invertido en este contrato. Sin embargo, la empresa asociada al 'caso Koldo' respondió negativamente a dicha solicitud. Fuster, por su parte, trató de separar su dimisión del cargo con la investigación en curso de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, alegando que su salida fue consecuencia de un error administrativo relacionado con una resolución de oposiciones en anestesia.