En Madrid, el 19 de mayo, la organización Facua-Consumidores en Acción ha aplaudido la reciente medida adoptada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha dado el paso de bloquear cerca de 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se encontraban en la plataforma de Airbnb. La asociación confía en que esta acción conducirá a una sanción "fuerte" contra la compañía.

Facua ha emitido un comunicado donde señala que las acciones de Airbnb van en contra de la normativa vigente y son un factor que favorece la proliferación de alquileres ilegales, tanto por parte de profesionales del sector como de particulares que incurren en la misma práctica. Esta situación representa una violación de las disposiciones legales que regulan el alquiler turístico.

Además, la organización destaca en su pronunciamiento que estos anuncios ilegales perjudican a los consumidores. Los propietarios que publican sus propiedades en Airbnb a menudo no están registrados en los registros turísticos de sus respectivas comunidades autónomas, lo que significa que no están sujetos a los controles necesarios para asegurar que las condiciones mínimas de calidad y seguridad exigidas por la ley sean cumplidas.

Otro aspecto que preocupa a Facua es la falta de información clara sobre si el arrendador de un inmueble es un particular o una empresa. Esto deja al usuario en una situación vulnerable, ya que no sabe a quién dirigirse en caso de experimentar algún problema o desear presentar una queja ante las autoridades competentes en su comunidad. Este tipo de anuncios, según la asociación, también elimina "información crucial" que debería estar disponible para los potenciales huéspedes.

El Ministerio, que ya había anunciado en diciembre de 2024 la apertura de un expediente sancionador contra Airbnb por su negativa a eliminar los anuncios ilegales, reafirma su compromiso con la regulación del alquiler turístico en el país.

Con todo esto en mente, Facua espera que el proceso abierto conduzca a la imposición de una sanción "significativa", la cual debería ser proporcional al rédito económico que Airbnb haya obtenido gracias a estos anuncios ilegales, especialmente en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.