En una reciente declaración que ha resonado en el ámbito político español, el antiguo presidente del Gobierno socialista, Felipe González, ha manifestado que el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería considerar la opción de dimitir. Según González, esta medida sería esencial para proteger la integridad de la institución que representa. Recordó con cierta nostalgia que el fiscal ha estado "al servicio del Gobierno" desde épocas sombrías, como la dictadura de Franco, y cuestionó la legitimidad del cargo en un contexto democrático.

González se refirió al complicado panorama judicial que enfrenta García Ortiz, quien está previsto que comparezca ante el Tribunal Supremo como investigado por un posible delito relacionado con la revelación de secretos. Para González, este caso no es solo un problema personal para el fiscal, sino que afecta de manera directa a "la funcionalidad del sistema judicial" en su conjunto, lo que lo convierte en uno de los asuntos más inquietantes que involucran al Gobierno actual.

En una entrevista concedida a Telecinco y citada por Europa Press, González subrayó que, si él estuviera en la posición de García Ortiz, tomaría la decisión de dimitir. Sin embargo, aclaró que su postura no debería interpretarse como un reconocimiento de culpabilidad o una aceptación de responsabilidad por los hechos que le imputan. Más bien, argumentó que su renuncia sería un gesto digno para salvaguardar la reputación de la institución que lidera.

El exmandatario también hizo hincapié en la importancia de que el fiscal general mantenga la "dignidad" asociada a su cargo. González se mostró partidario de que, una vez que se aclare su situación y si se demuestra su inocencia, García Ortiz pueda ser reinstaurado en su puesto. Sin embargo, reiteró que, incluso por su bienestar emocional, podría ser más conveniente para él "salir de este enredo", sugiriendo así que la presión mediática y judicial podría tener consecuencias adversas para su salud personal.

Además, González puntualizó que el fiscal general "no es un miembro del Gobierno, sino un representante del Estado", y se encuentra en una posición que debe servir a la justicia y al bienestar público. Recordó su propia experiencia durante el régimen franquista, cuando el fiscal era utilizado como un instrumento de control sobre los jueces y magistrados, un recuerdo que, según él, debe servir de lección en los tiempos actuales.

Las declaraciones de González han reavivado el debate público sobre la independencia de la justicia y el papel de las instituciones en un estado democrático, así como el delicado equilibrio entre el poder judicial y el poder ejecutivo. La situación de García Ortiz sigue siendo un tema candente que podría tener implicaciones más amplias en la política española.