MADRID, 29 de octubre.

El magistrado retirado Manuel García Castellón ha expresado su preocupación por el juez Juan Carlos Peinado, quien está llevando a cabo la investigación sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. García Castellón ha afirmado que Peinado se encuentra en una situación de "total soledad" y está sufriendo lo que él describe como un "acoso evidente".

El exmagistrado criticó que se esté desarrollando esta investigación a pesar de las decisiones de tribunales superiores, como la Audiencia Provincial, que han respaldado al menos parte de la labor del juez. Asimismo, destacó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó las querellas presentadas por Pedro Sánchez y su esposa, en las que acusaban a Peinado de prevaricación.

En una entrevista con Europa Press, García Castellón manifestó su pena por el aislamiento al que está sometido Peinado, sugiriendo que la situación es difícil para él. "Es un caso claro de acoso", comentó, en el contexto de la presentación de su libro "Habla, para que se conozca" (Deusto).

El juez retirado también mencionó en su libro que hay "campañas de destrucción" dirigidas contra ciertos jueces. Criticó el uso del término "lawfare", que implica guerra judicial con fines políticos, argumentando que es simplemente una forma de desviar la atención de acusaciones legítimas como la prevaricación.

García Castellón resaltó que, en lugar de hablar de "lawfare", las personas que tienen acusaciones serias deberían presentar pruebas ante un tribunal. Defendió que nunca ha sido condenado por corrupción y enfatizó la importancia de mantener el imperio de la ley, advirtiendo que el uso de términos vagos solo daña a la sociedad.

Acepta la crítica constructiva, pero condena los ataques que considera descalificadores. Quienes usan el término "lawfare", a su juicio, lo hacen para ocultar ciertas realidades, y recordó que los jueces están bajo vigilancia constante de múltiples actores legales y deben asumir una gran responsabilidad.

García Castellón también se refirió a una demanda que presentó contra la líder de Podemos, Ione Belarra, después de que ella lo acusara de prevaricación. Aseguró que seguirá luchando legalmente porque defender su honor es esencial, subrayando que no se puede permitir una sociedad donde el insulto y la calumnia sean habituales.

Sobre el periodo en que Pedro Sánchez asumió el poder tras la caída del Gobierno de Mariano Rajoy, García Castellón sugirió que nadie habla de "lawfare" cuando se trata de decisiones judiciales que afectan a partidos políticos, y cuestionó por qué no se le atribuyó ese término en situaciones previas en las que investigó a miembros del Partido Popular.

El exjuez también mostró su desacuerdo con opiniones personales que se vierten en sentencias judiciales, como el comentario del magistrado Leopoldo Puente, que expresó su "estupor" por la continuidad de José Luis Ábalos como diputado pese a estar imputado.

García Castellón, quien ha investigado casos de corrupción significativos como 'Púnica' y 'Lezo', insistió en que la naturaleza humana tiende a aprovechar las oportunidades para el beneficio personal. Enfatizó que la clave está en los mecanismos de control preventivo para evitar la corrupción, en lugar de depender únicamente de la justicia posterior.

Respecto al 'caso Tándem', ha expresado su respeto por la absolución del comisario jubilado José Manuel Villarejo en ciertos delitos, aunque destacó que aún enfrenta otras acusaciones. También criticó la falta de cooperación de algunos países en la colaboración internacional para investigaciones judiciales, especialmente en lo que respecta a las órdenes de detención europeas.

En cuanto a la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), García Castellón abogó por seguir lo establecido por la Constitución, que propone un equilibrio entre vocales elegidos por jueces y aquellos designados por las Cortes Generales. Reprochó la injerencia política en la justicia tras la reforma de 1985, que otorgó poder a las Cortes en la selección de vocales de este organismo que debería ser independiente.

Propuestas para un cambio en el CGPJ se centraron en crear mecanismos que protejan la independencia judicial, resaltando que los ataques y descalificaciones hacia los jueces deben conllevar repercusiones. En su visión, el sistema actual y una selección por asociaciones judiciales no son suficientes, dado que considera que la representación debe ser más amplia e inclusiva para asegurar la independencia judicial.

Finalmente, al ser cuestionado sobre su futuro en el ámbito legal tras su jubilación en septiembre de 2024, García Castellón reveló que ya se ha colegiado como abogado y está colaborando con diversas entidades, enfatizando que aún tiene energía y motivación para seguir contribuyendo al ámbito jurídico.