El Consejo Fiscal tiene en agenda un análisis detallado del informe relacionado con la reforma gubernamental que busca modificar el acceso a la carrera fiscal y judicial.

En una sesión del Pleno programada para este martes, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentará su candidatura para el puesto de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública. Este cargo es crucial, ya que implicará establecer directrices sobre el delito de revelación de secretos, un tema de interés debido a la actual investigación que afecta al mismo ministerio público. La Asociación de Fiscales (AF) ya ha manifestado su desacuerdo con esta propuesta.

De acuerdo a la agenda, García Ortiz traerá a colación su candidato durante la parte final del Pleno, específicamente en el punto donde se evalúan las plazas para las jefaturas de distintas unidades especializadas de la Fiscalía, abarcando delitos económicos, de violencia de género, y de administración pública, entre otros.

Las decisiones sobre nombramientos son facultad del fiscal general, quien, tras escuchar a los vocales del Pleno, revelará sus propuestas que posteriormente serán presentadas al Consejo de Ministros para su consideración.

Fuentes cercanas a la fiscalía han indicado que hay seis candidatos optando por la vacante del coordinador de delitos contra la administración pública. Entre los postulantes destacan el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, conocido por su negativa a investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont, y Concepción Sabadell, exfiscal de la Fiscalía Europea y actual fiscal de Anticorrupción.

En el caso de la vacante para el coordinador de delitos económicos, se han presentado cinco aspirantes, destacando entre ellos a Fernando Rodríguez Rey, actual fiscal delegado en este ámbito. Asimismo, para la plaza de fiscal coordinador de seguridad vial, que quedó libre tras el fallecimiento de Luis del Río, hay diez postulantes. Mientras que la oferta para la fiscal de sala de violencia de género solo cuenta con una candidata, María Eugenia Prendes, actual fiscal superior de Asturias.

Es importante señalar que las unidades de seguridad vial y violencia de género ya operan desde hace tiempo, mientras que los grupos de delitos económicos y contra la administración pública fueron creados recientemente, lo que significa que esta será la primera vez que se nombren a sus respectivos líderes.

Las nuevas unidades se enfocarán en fortalecer la lucha anticorrupción, complementando la labor de la Fiscalía Anticorrupción. A diferencia de esta última, los fiscales en los nuevos puestos no tendrán competencias jurisdiccionales, sino que estarán llamados a coordinar y unificar criterios entre los fiscales especializados.

La unidad de delitos económicos se dedicará a cuestiones fiscales y a delitos relativos a Hacienda y Seguridad Social. A pesar de la existencia de fiscales en este ámbito, carecían de un organismo que unificara mecanismos y estrategias de actuación, un vacío que se pretende llenar con esta nueva iniciativa.

Paralelamente, la unidad de delitos contra la administración pública establecerá directrices sobre denuncias de malversación o cohecho, especialmente en casos que se originen en los gobiernos regionales o locales.

La Asociación de Fiscales había advertido previamente sobre el nombramiento del coordinador de delitos contra la administración pública, señalando que en el contexto actual resulta inapropiado designar a alguien para esta función cuando el fiscal general está bajo investigación. Según la AF, sería inaceptable que García Ortiz ocupara un cargo que establece criterios en asuntos que lo involucran directamente.

En la misma sesión del Pleno, también se discutirán aspectos de la reforma al acceso a las carreras judicial y fiscal, con un informe presentado por Miguel Rodríguez Marcos, destacado miembro de la AF. Esta reforma pretende introducir un examen escrito para el ingreso a estas carreras, incrementar el número de plazas disponibles, y prohibir financiamiento privado a asociaciones, entre otros cambios.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya mostró su inquietud respecto a la reforma, advirtiendo sobre la posibilidad de que estas modificaciones generen disparidades en la carrera profesional, lo que podría dar lugar a una "carrera a dos velocidades". El informe del CGPJ, aprobado el pasado marzo, resalta que algunas innovaciones propuestas podrían generar dudas sobre su efectividad.