En un momento histórico en el que la transparencia y la ética en la política son más necesarias que nunca, un grupo de expertos del Ministerio de Hacienda ha propuesto una serie de 25 reformas esenciales destinadas a combatir el fraude y la corrupción en la contratación pública. Esta iniciativa surge tras un alarmante incremento del 18% en las denuncias relacionadas con prácticas irregulares, un dato que ha motivado un análisis exhaustivo por parte de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).

Los técnicos han señalado la necesidad de clarificar los roles y responsabilidades dentro de las instituciones, garantizando que las funciones de fiscalización y control estén bien definidas para mejorar la eficiencia de la Intervención General del Estado (IGAE) y otras instancias de supervisión. La propuesta incluye el impulso de investigaciones más robustas para detectar irregularidades, asegurando que estas acciones se realicen con la mayor rigor posible.

En su compromiso por fortalecer la lucha contra la corrupción, Gestha ha instado a que se incrementen las plantillas de los organismos de control, como la IGAE y la Agencia Tributaria, para alinearse con las ratios europeas. Actualmente, España enfrenta un evidente déficit de personal cualificado en estas áreas, lo que exige una rápida implementación de programas de formación especializada.

Las recomendaciones continúan con la necesidad de reforzar las agencias antifraude en varias comunidades autónomas, asegurando que estas cuenten con los recursos necesarios para operar de manera efectiva. Un caso particular que preocupa a Gestha es la crisis en la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude en la Comunidad Valenciana, resultado de recortes y cambios en su estructura organizativa que han debilitado su capacidad de acción.

Para incrementar la protección contra la corrupción, se sugiere la creación de nuevas agencias en regiones que aún carecen de ellas, como en Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha, entre otras. Además, se plantea la necesidad de reinstaurar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, que fue eliminada recientemente, y establecer oficinas locales en municipios con poblaciones superiores a 200.000 habitantes.

Gestha también aboga por una colaboración interadministrativa más efectiva entre las diversas entidades encargadas del control del gasto y el Tribunal de Cuentas, con el fin de garantizar un enfoque cohesionado en la lucha contra la corrupción.

Por otro lado, se ha instado a la implementación de una Estrategia Nacional de Antifraude que contemple criterios estandarizados y acciones conjuntas entre las agencias antifraude y los órganos de control interno. Esta estrategia incluiría un sistema de alerta rápida para detectar y abordar la corrupción en fases iniciales, priorizando la protección de quienes denuncian irregularidades.

Finalmente, el compromiso con la transparencia se manifiesta en la exigencia de una mayor responsabilidad por parte de los líderes públicos. Gestha ha solicitado la publicación de un listado anual que incluya a quienes han sido condenados por corrupción, especialmente en lo que respecta a la financiación ilegal de partidos políticos y otros delitos conexos. Así, también se propone modificar las leyes que rigen la financiación de partidos y la revelación patrimonial de los representantes públicos, buscando sanciones efectivas en caso de incumplimiento.