MADRID, 20 de diciembre. El Gobierno español se encuentra actualmente en la búsqueda de soluciones para avanzar en la implementación del Tratado de Amistad firmado con Francia en enero de 2023. Esto ocurre tras la negativa del Congreso a ratificar este acuerdo en mayo y la reciente decisión del Tribunal Constitucional de no emitir un juicio sobre el recurso impulsado por el Senado y el Partido Popular, basándose en que el rechazo parlamentario imposibilita su validación.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, fuentes oficiales han expresado su compromiso por avanzar en la entrada en vigor del tratado, destacando sus potenciales beneficios para la ciudadanía. Sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional ha sido un nuevo obstáculo en este proceso.

El principal desafío para la ratificación del Tratado de Amistad, firmado por el presidente español Pedro Sánchez y el mandatario francés Emmanuel Macron durante la cumbre bilateral en Barcelona, gira en torno a la cláusula que permite la participación de un ministro francés en las reuniones del Consejo de Ministros español, al menos una vez cada tres meses de manera rotativa.

Para que esta disposición se haga efectiva, resulta necesario modificar la Ley de Gobierno de 1997, que establece en su artículo 5.2 que solo los secretarios de Estado y, en casos excepcionales, otros altos cargos pueden asistir a las reuniones del Consejo de Ministros, limitando la participación a nacionales.

El Gobierno realizó un primer intento para enmendar esta normativa en abril de 2024, proponiendo cambios a la Ley de Paridad. Aunque este esfuerzo no prosperó, finalmente se logró incluir un cambio en la Ley de Eficiencia de la Justicia en noviembre de 2024, que añade una cláusula que respeta los tratados internacionales que España suscriba.

Consciente de la urgencia, dado que Francia ya había completado su proceso de ratificación, el Consejo de Ministros aprobó el 28 de enero la presentación del Tratado de Amistad ante las Cortes, priorizando su tramitación para reducir los plazos establecidos.

Sin embargo, los planes del Gobierno fueron frustrados por el Partido Popular, que utilizó su mayoría absoluta en el Senado para aprobar un recurso de inconstitucionalidad el 12 de febrero. Este recurso cuestionaba la legalidad de la participación de ministros extranjeros, argumentando que podría contravenir el artículo 98 de la Constitución, que designa al Rey como el único asistente no gubernamental al Consejo de Ministros.

Mientras tanto, el Tratado avanzó en el Congreso, superando un primer examen en la Comisión de Exteriores gracias a la abstención del PP, que justificó su postura a la espera del fallo del Tribunal Constitucional. A esto se unieron las abstenciones de Podemos y Junts, mientras que Vox votó en contra.

A pesar de esta progresión, el 14 de mayo, cuando el tratado fue sometido a votación en el Pleno, el rechazo del PP, junto a las votaciones en contra de Vox y UPN, y la abstención de Junts y Podemos impidieron al Gobierno alcanzar la mayoría necesaria para ratificarlo.

De este modo, la esperanza del Gobierno para avanzar en la ratificación dependía del Tribunal Constitucional, esperando que este rechazara el recurso del Senado o, al menos, concluyera que la participación de ministros de otros países no era inconstitucional.

No obstante, esta semana, el Tribunal decidió no pronunciarse, justificando en su resolución que cualquier declaración del Senado debía ser previa a la ratificación, y tras el rechazo del Congreso, el tratado no puede ser validado por España.

Ante esta situación, el Gobierno no ha especificado qué acciones se están considerando para poder ratificar el Tratado de Amistad, especialmente considerando el impacto negativo que el retraso tiene en las relaciones con Francia. A medida que se aproximan las fechas para una nueva Reunión de Alto Nivel que no se ha concretado, se aprecia un creciente escepticismo en París sobre la viabilidad de dicho encuentro.

Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores ha indicado que continúan "trabajando" en la ratificación, no se ha aclarado si se impulsará un nuevo intento en las Cortes o si se considera suprimir el artículo que ha generado tanto debate.

Fuentes del Gobierno han afirmado que "la voluntad ha sido, y sigue siendo, que el tratado entre en vigor", recordando que el impedimento principal ha sido el voto en contra del PP, un argumento que el ministro José Manuel Albares ha reiterado en sus intervenciones en el parlamento.