El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado una solicitud ante el Tribunal Supremo instando a la apertura de un juicio en contra del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La acusación se fundamenta en la supuesta revelación de secretos relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El ICAM solicita que a García Ortiz se le impongan cuatro años de prisión y la inhabilitación para ejercer su cargo.

En el documento presentado este lunes, al que tuvo acceso Europa Press, el ICAM también exige que se suspenda a García Ortiz de sus funciones como fiscal durante un periodo de tres años, así como una multa que asciende a 81.000 euros. Esta medida también se extiende hacia Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, a quien se le considera "cooperadora necesaria" en la presunta revelación de información confidencial, y para la que se pide una pena de tres años de prisión y una multa de 27.000 euros.

El ICAM argumenta que tanto García Ortiz como Rodríguez se han amparado en la necesidad de informar a la opinión pública sobre hechos significativos, pero son conscientes de que esto ha implicado la violación del secreto profesional y la protección de la información reservada que deben manejar. Según la acusación, ambos actuaron con un desprecio absoluto a los principios de legalidad e imparcialidad, poniendo en riesgo el derecho a la defensa de González Amador.

En su argumentación, el Colegio de Abogados señala que los acusados tenían la responsabilidad de mantener en secreto información sensible que conocieron en el ejercicio de sus funciones, la cual no debería haber sido divulgada. Además, el ICAM expone que se han vulnerado derechos fundamentales a través de la difusión de información confidencial relacionada con cuestiones de responsabilidad penal.

El ICAM resalta detalles específicos sobre la información filtrada, incluyendo conversaciones entre la defensa de González Amador y el fiscal encargado de su caso, así como un correo en el que se propone un acuerdo a cambio de un reconocimiento de delitos fiscales. La entidad considera que estas filtraciones han afectado gravemente el derecho de su defendido a un proceso justo y con garantías.

El impacto de estas revelaciones ha dañado la credibilidad de la Fiscalía y socavado los principios de objetividad y confianza que deberían regir el trabajo de los abogados en relación con el Ministerio Público. Cualquier filtración, aseguran, no solo provoca un perjuicio reputacional, sino que también afecta la esencia misma del derecho de defensa como un derecho fundamental.

Por otro lado, el ICAM menciona acciones sospechosas de García Ortiz, indicando que era consciente de las implicaciones legales que enfrentaba, lo que le llevó a borrar mensajes de la aplicación WhatsApp y a cambiar su dispositivo móvil. Además, señala que también eliminó correos de su cuenta de Gmail, lo que ha imposibilitado la recuperación de esos datos relevantes para la investigación.