El reciente análisis del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España revela una alarmante desigualdad en los ingresos entre propietarios e inquilinos. De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso Europa Press, los ingresos de los propietarios son un 82% más altos que los de quienes alquilan, lo que pone de manifiesto la precariedad económica que enfrentan millones de personas en el sector de la vivienda.

Este informe se basa en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que establece la diferencia de ingresos en 23.638 euros, con una renta mediana de 52.449 euros para los arrendadores en comparación con los 28.810 euros que reciben los inquilinos. Esta brecha se traduce en una creciente crisis de vivienda, donde el acceso a un hogar digno parece estar cada vez más fuera del alcance de muchos.

Particularmente preocupante es la situación en varias comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia, donde los ingresos de los propietarios llegan a duplicar los de sus inquilinos. La desigualdad se profundiza aún más si se consideran los contratos que finalizarán en 2026 y 2027; según el informe, los arrendadores verían un aumento en su renta mediana de alrededor de 2.216 euros si se renuevan esos contratos a precios de mercado.

En el contexto de una crisis de Vivienda ya existente, se estima que más de 632.000 contratos de alquiler están programados para caducar este año, afectando a unas 1,6 millones de personas. Si se incluyen aquellos que podrían perder su hogar en 2027, esta cifra ascendería a casi 2,7 millones. Estas estadísticas resaltan la urgencia de una respuesta política efectiva para mitigar el impacto de la inestabilidad en el mercado de alquiler.

Desde el Ministerio de Consumo se ha enfatizado un marcado aumento en los precios del alquiler en los últimos años, con un incremento acumulado del 34,3% desde octubre de 2020. Desde 10,85 euros por metro cuadrado, el costo ha escalado hasta 14,5 euros, según registros de Idealista, evidenciando la difícil situación que enfrentan los inquilinos en la actualidad.

Por su parte, el partido Sumar ha criticado un reciente decreto ley propuesto por el presidente Pedro Sánchez, que busca ofrecer incentivos fiscales a propietarios que eviten incrementar el alquiler en los nuevos contratos. Desde Sumar argumentan que esta medida resulta inadecuada e injusta, ya que no aborda la desigualdad latente entre inquilinos y propietarios.

En lugar de esto, Sumar ha propuesto un Real Decreto-ley que garantizaría la renovación automática de contratos de alquiler en los próximos meses, limitando aumentos sólo al índice de precios al consumo. En general, más de 600.000 contratos de alquiler se prevé que finalicen en 2026, por lo que esta propuesta podría ofrecer un alivio inmediato a aquellos que se enfrentan a la incertidumbre de quedarse sin hogar.

La postura de Sumar enfatiza que la implementación de una renovación automática beneficiaría significativamente a 1,6 millones de personas, sin perjudicar a otros, a excepción de aquellos que buscan incrementar drásticamente los precios de alquiler. Este enfoque es visto como una medida esencial para garantizar el derecho a la vivienda y para asegurar un mercado de alquiler más equitativo y accesible.

Sumar insiste en la necesidad de una intervención urgente en el mercado del alquiler, instando a las autoridades a tomar medidas concretas que aseguren el derecho a la vivienda para todas las personas, más allá de soluciones temporales o voluntarias que pueden dejar a muchos sin protección en un mercado cada vez más desregulado.