Granada, 15 de abril. El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha decidido llevar a juicio al juez Manuel Piñar, quien enfrenta acusaciones de un delito de odio debido a supuestos comentarios peyorativos dirigidos a grupos de migrantes y minorías étnicas en su perfil de Facebook desde el año 2022. Aunque el magistrado, ya en retiro, ha rechazado las acusaciones, este proceso sigue su curso en el sistema judicial.

La Fiscalía ha solicitado la suspensión provisional del caso, según el auto de apertura de juicio oral al que ha tenido acceso Europa Press. El documento señala que el enjuiciamiento se llevará a cabo en un Juzgado de lo Penal aún por designar.

Este caso se origina a raíz de una denuncia presentada por Carlos Aránguez, abogado de Juana Rivas, quien, junto a la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional, ha decidido ejercer la acusación. Solicitan que Piñar sea condenado a 18 meses de prisión, una multa de 6.600 euros y la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante su condena.

Ante la petición de la Fiscalía de archivar el caso sin renunciar a la acusación, el juez de instrucción ha decidido dar un nuevo plazo de tres días para que se presente un escrito de acusación si así se considera oportuno.

Desde el despacho Aránguez Abogados, han manifestado a través de un comunicado que la apertura del juicio oral contra Piñar suscita "un importante debate social sobre la responsabilidad y el decoro que se espera de un juez, así como sobre los límites de la libertad de expresión y la ética que deben guiar a quienes tienen una notable influencia social".

Además, han asegurado que la acusación ha presentado pruebas significativas que comprenden "testimonios de seguidores del magistrado en Facebook, actas notariales que confirman la continuidad de sus publicaciones y grabaciones en las que Piñar elude negar rotundamente la autoría de los comentarios que se le atribuyen".

El caso, que había sido previamente procesado por el juez en diciembre, había llevado a Piñar a negar los hechos, describiendo la denuncia como una forma de "persecución" hacia su figura.

La Audiencia de Granada decidió reabrir el caso y, tras examinar el contenido de las publicaciones denunciadas, concluyó que hay expresiones que podrían incitar a la discriminación o al odio contra determinadas comunidades étnicas, razas o nacionalidades, como gitanos, africanos o asiáticos, lo cual merecía una investigación más profunda.

Como consecuencia de esta decisión, Manuel Piñar presentó una denuncia contra tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia, acusándolos de prevaricación judicial, injurias y otras faltas. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado su denuncia, recordándole que no es suficiente que una persona se sienta ofendida para que se inicie un procedimiento penal.