La formación política Sumar ha expresado su desacuerdo con las afirmaciones del Ministerio del Interior, señalando que la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) es incompatible con la protección de los derechos humanos.

Según datos recientes proporcionados por el Ministerio, durante el año 2024, 1.893 personas fueron internadas en estas instalaciones, las cuales el Gobierno defiende como esenciales para implementar la política migratoria de la Unión Europea y combatir la inmigración irregular.

En una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sumar cuestionó fuertemente la razón de ser de los CIE, argumentando que no es ético privar de libertad a individuos basándose únicamente en cuestiones administrativas.

El Gobierno, que incluye a Sumar en su coalición bajo la dirección del primer ministro Pedro Sánchez, justificó la existencia de estos centros afirmando que la normativa europea y española clasifica a los CIE como instalaciones no penitenciarias, cuyo propósito es facilitar el internamiento cautelar en caso de que los extranjeros no accedan voluntariamente a regresar a sus países de origen.

Además, el Ejecutivo destacó que las expulsiones pueden llevarse a cabo de manera coercitiva en situaciones donde existan antecedentes de orden público, seguridad pública o seguridad nacional. Esta medida, según el Gobierno, es un recurso que se utiliza cuando es absolutamente necesario.

En su respuesta, el Ministerio del Interior enfatizó que la Policía Nacional realiza sus labores de manera conforme a la ley, siguiendo los estándares establecidos tanto a nivel nacional como europeo, así como los tratados internacionales ratificados por España. Además, estas acciones están bajo la supervisión de organismos como el Mecanismo Nacional de Prevención y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.

Finalmente, el Gobierno subrayó que, en todas sus actuaciones, la Policía Nacional se compromete a respetar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, reforzando así su postura en el marco de las competencias que les corresponden.