Madrid, 31 de marzo. En respuesta a recientes declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que criticó duramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña absolviendo al exfutbolista Dani Alves de un delito de agresión sexual, todas las asociaciones de jueces y fiscales han unido sus voces en un llamado en defensa de la independencia judicial.

En la declaración conjunta, difundida por Europa Press, se subraya que la autonomía del poder judicial es esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho. Las organizaciones enfatizan que las decisiones de los jueces se fundamentan en un análisis meticuloso de las pruebas y se rigen por la legislación vigente.

El texto también resalta la necesidad de que las instituciones y representantes públicos refrenden el trabajo de los magistrados, evitando hacer comentarios que puedan erosionar la confianza pública en el sistema judicial. “Es crucial preservar el respeto a las decisiones judiciales para mantener la integridad de nuestras instituciones”, añaden.

Además, el comunicado enfatiza el principio de presunción de inocencia, consagrado como un derecho fundamental tanto en la Constitución española como en los convenios internacionales ratificados por el país. Este principio asegura que nadie puede ser considerado culpable hasta que se demuestre su responsabilidad a través de pruebas legítimas.

Los firmantes advierten que poner en cuestión este principio esencial puede amenazar las garantías procesales y comprometer la equidad en el manejo de los juicios. “La justicia debe ser tanto para las víctimas como para los acusados”, apuntan, subrayando la importancia de proteger y apoyar a las víctimas, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales.

Las asociaciones hacen un llamado a la responsabilidad de los representantes públicos, instándoles a manifestarse de manera cuidadosa y fundamentada sobre decisiones judiciales. “La crítica de las resoluciones judiciales es válida, pero debe hacerse de forma contextualizada para no dañar la confianza ciudadana en las instituciones y preservar el Estado de Derecho”, afirman.

Finalmente, estas organizaciones reiteran su compromiso con la defensa de los principios constitucionales, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de procesos judiciales justos e imparciales para todas las partes implicadas. La declaración ha recibido el respaldo de diversas asociaciones, incluyendo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y otras organizaciones de fiscales.