MADRID, 29 de octubre.
El ex gerente del PSOE, Mariano Moreno, compareció este miércoles ante el Tribunal Supremo, donde se abordaron las controvertidas transacciones de efectivo en las que supuestamente estaban involucrados el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García. Moreno explicó que los pagos recibidos no eran más que devoluciones por anticipos de gastos, lo que ha generado perplejidad en el magistrado Leopoldo Puente, quien cuestionó la lógica de este “flujo de metálico”.
Durante cerca de una hora, Moreno ratificó la declaración previa de Celia Rodríguez, quien trabaja en la Secretaría de Organización del PSOE. Rodríguez había sido identificada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la persona responsable de informar a Koldo para que recogiera los sobres con dinero destinados a él y a Ábalos.
El juez Puente indagó si, como sostuvo Rodríguez, era práctica habitual que durante la gestión de Moreno los gastos anticipados por representantes del partido—incluyendo viajes, alojamientos y comidas—se devolviesen mediante pagos en efectivo tras completar formularios y presentar tickets o facturas, un proceso que, según Moreno, era validado por el departamento de Administración. Posteriormente, se notificaba a los solicitantes que podían retirar el dinero.
Fuentes legales citadas por Europa Press confirmaron que este mecanismo aplicaba tanto para la Secretaría de Organización como para toda la Ejecutiva Federal del PSOE.
Ante la pregunta del juez sobre el origen de estos pagos en efectivo, Moreno explicó que se extraía dinero del banco desde la cuenta operativa del PSOE para que una empresa de seguridad lo llevara a la sede central del partido en la calle Ferraz, un método que sorprendió al magistrado. "¿Cuál era la necesidad de este flujo de efectivo?", cuestionó Puente.
Moreno justificó esta práctica señalando que era necesaria para "proveer la caja del partido", a lo que el juez respondió: "Esa no parece una respuesta convincente". El ex gerente argumentó que, en comparación con las necesidades del PSOE, las cantidades en efectivo no eran significativas, indicando que solo en 2018, los gastos federales se elevaron a 17 millones de euros, mientras que la caja del partido contenía apenas 100,000 euros, siendo la mayoría de los pagos realizados por transferencia bancaria.
Además, Moreno aclaró que la caja se utilizaba no solo para reembolsar gastos anticipados, sino también para pagos ocasionales a proveedores y a trabajadores voluntarios del partido.
No obstante, el juez continuó cuestionando la lógica de retirar efectivo y utilizar una empresa de seguridad para trasladar el dinero en lugar de optar por transferencias directas. "No comprendo cuál sería la ventaja", reiteró Puente.
Moreno se defendió diciendo que esta era una práctica establecida en el partido desde su llegada a la gerencia y que respondía a una cultura organizativa donde muchos trabajadores necesitaban recibir efectivo por los anticipos que hacían.
En cuanto a la verificación de los gastos solicitados mediante formularios, Moreno, al igual que Rodríguez, mencionó que esto era responsabilidad del departamento de Administración, aunque admitió que no podía asegurar que el proceso de verificación se realizara al 100%.
"Eso no es una comprobación adecuada. Si Ábalos solicitaba una cantidad, ¿el control consistía en que simplemente él lo pidiera? Eso no es control", argumentó Puente, según las fuentes citadas.
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