La Audiencia Nacional de España se prepara para iniciar el lunes un juicio que involucra a siete individuos acusados de estar detrás de una red de compraventa de oro, quienes supuestamente generaron facturas falsificadas con el fin de ocultar una parte considerable de sus ganancias. Se estima que estas ganancias ascienden a varios millones de euros, y el Ministerio Público ha solicitado sanciones que podrían llegar a casi 11.5 millones de euros.

Según el escrito del Fiscal, que fue publicado por Europa Press, los acusados están siendo investigados por un fraude fiscal que supuestamente tuvo lugar entre 2011 y 2012. Además, se les exige el pago de una compensación cercana a dos millones de euros a la Agencia Tributaria por las irregularidades cometidas.

El Ministerio Público explica que los beneficios logrados por la compra de oro a minoristas fueron manipulados en las declaraciones fiscales de los implicados, quienes utilizaron facturas falsas para simular que habían adquirido el metal precioso en grandes cantidades.

Adicionalmente, se señala que una porción considerable del oro adquirido por estos individuos provenía de vías irregulares y de individuos no identificados. Esta práctica fue enfatizada en el escrito del Fiscal, que destaca la intención de los acusados de ocultar la verdadera procedencia de su mercancía.

Los acusados, que no han sido identificados públicamente, habrían colaborado con falsificadores para obtener facturas engañosas que respaldaran sus compra ilícitas, haciéndolas pasar como transacciones legítimas al por mayor.

Según las declaraciones de la Fiscalía, los beneficios generados por la empresa involucrada en estas operaciones alcanzaron los 2 millones de euros en 2011 y 4.2 millones de euros en 2012, cifras que evidencian la magnitud del caso en cuestión.