La Sección 23 de la Audiencia de Madrid ha manifestado de manera rotunda que "no todo es lícito en el descubrimiento de la verdad", en el contexto de una controvertida investigación que involucra a Juan Carlos Barrabés, un empresario que ha sido objeto de controversia debido a su conexión con Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español. Este pronunciamiento surge tras la nulidad del registro realizado en agosto en su domicilio y oficinas, un acto que ha suscitado intensos debates sobre la legalidad y los derechos fundamentales.

En un auto accesible a Europa Press, el tribunal ha acogido favorablemente la solicitud del abogado de Barrabés, marcando un cambio significativo en la decisión previamente tomada por el juez Juan Carlos Peinado al frente del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Los magistrados consideran que la orden de registro carecía de la debida fundamentación, señalando que las incursiones realizadas para acceder a dispositivos electrónicos fueron autorizadas sin las justificaciones necesarias.

La Audiencia recalca que toda persona acusada tiene derecho a resoluciones debidamente motivadas, subrayando que cualquier decisión que no respete este principio constituye una violación del derecho a la tutela judicial efectiva. Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, los magistrados enfatizan que "la inviolabilidad domiciliar es algo más que un requisito formal", lo que añade una capa adicional de protección para los derechos individuales.

En relación con la autorización de registros, el tribunal sostiene que es imperativo que un juez actúe como garante de los derechos fundamentales, llevando a cabo una evaluación detallada sobre la proporcionalidad y necesidad de tales medidas. Este aspecto se convierte en un pilar central en su argumento, indicando que la urgencia alegada para realizar el registro en este caso no fue debidamente justificada, especialmente teniendo en cuenta que el investigado se encontraba hospitalizado.

La Audiencia también reitera que el descubrimiento de la verdad no puede amparar actos que comprometan derechos fundamentales, poniendo de relieve la importancia de la dignidad y la intimidad en el proceso judicial. "Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales se puede considerar válido dentro de los límites establecidos por la ley", advierten los magistrados.

La falta de precisión en las decisiones del juez Peinado ha sido criticada por la Audiencia, que considera que no se han proporcionado "datos objetivos" que respalden la sospecha sobre la implicación de Barrabés en los delitos investigados, lo que ha llevado a la anulación del registro y a cuestionar la solidez de las evidencias presentadas.

Es relevante recordar que Barrabés fue inicialmente llamado a declarar como testigo en el denominado 'caso Begoña Gómez', pero en julio el juez Peinado decidió imputarlo, un giro que complicó aún más su situación legal. En este contexto, la organización Manos Limpias acusó a Gómez de haber abusado de su influencia como esposa del presidente, sugiriendo que Barrabés se benefició de estas conexiones al recibir licitaciones públicas por un total de diez millones de euros.

Las indagaciones sobre este asunto han revelado que la empresa Innova Next SLU, relacionada con Barrabés, ha sido la principal beneficiaria de contratos públicos dentro de su grupo empresarial. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del Guardia Civil ha detallado que dicha empresa ha conseguido un total de 28 contratos, que suman más de 22 millones de euros, representando una parte significativa de las adjudicaciones totales realizadas en este contexto.